Que el femicidio de Úrsula Bahillo no quede impune

La junta de firmas –son 10 mil- pide “en enérgico repudio al femicidio de Úrsula Bahillo en la ciudad de Rojas (Buenos Aires, Argentina) las y los abajo firmantes reiteramos, ratificamos y exigimos el cumplimiento inmediato de los principios consagrados en el acuerdo de solución amistosa celebrado entre el Gobierno nacional y la peticionaria Olga del Rosario Díaz en el marco del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas”.

En este marco, exigen:

- La necesidad de adoptar, ya sea en causas civiles o penales, medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas acorde con la situación de riesgo que afrontan la víctima y sus familiares y de precisar las condiciones para su implementación en condiciones de seguridad para la víctima y su grupo familiar.

- Adoptar medidas necesarias para la notificación de oficio a la persona denunciada de las medidas de protección dictadas, y el adecuado seguimiento judicial de su implementación y ejecución.

- El deber reforzado de investigar y sancionar con la debida diligencia los hechos de violencia de género y de reparar a las víctimas.

- La necesidad de corroborar la existencia de antecedentes de violencia y de valorar de forma integral los elementos probatorios y el contexto de violencia en que se circunscriben los hechos denunciados.

- La forma de articularse con otros juzgados y organismos que estén interviniendo a raíz de los hechos de violencia de género o de hechos que guardan vinculación con ellos.

- Implementar el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género de forma inmediata y urgente en toda la Provincia con los recursos y equipos necesarios para asegurar el acceso a justicia.

- Implementar Fiscalías Especializadas en violencia de género en el ámbito del ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

- Implementar Oficinas de Violencia de género dentro del ámbito  de las Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

- Implementar Juzgados especializados con competencia mixta civil y penal.

- Asegurar en tiempo y forma la provisión de botones antipánico y otros dispositivos electrónicas de geolocalización (tobilleras electrónicas) para el efectivo cumplimiento de las medidas de restricción dictadas por autoridad judicial.

- Promover la creación de un Registro Nacional de denuncias de violencia de género y seguimiento por equipos interdisciplinarios.

- Integral, efectivo y eficiente cumplimiento de las leyes vigentes y políticas públicas efectivas para las víctimas.