Proponen integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura

En la Cámara de Diputados de Santa Cruz fue presentado el Proyecto N.º 423, impulsado por la legisladora Agostina Mora Doldán, que propone la integración del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. El objetivo central es dotar de operatividad a la Ley 3816, que sancionó la creación de este mecanismo institucional, pero que aún no ha sido implementado.

La iniciativa contempla la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Vivienda, que tendrá a su cargo el tratamiento exclusivo de este tema. De este modo, se busca dar un paso clave para la conformación efectiva del Comité y garantizar que Santa Cruz cuente con un organismo local de prevención de la violencia institucional.

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En los fundamentos, la diputada Mora Doldán sostuvo que la falta de aplicación de leyes aprobadas constituye un “déficit de cumplimiento normativo” que afecta la legitimidad del sistema legal. Señaló que una norma sin implementación carece de eficacia real y que esta omisión representa una falla grave en el Estado de derecho, porque debilita los principios constitucionales de legalidad.

El texto presentado destaca que la provincia ha mantenido gestiones con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), organismo que recordó la obligación de los Estados Parte de establecer mecanismos nacionales y locales conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. En el caso de los países federales, como Argentina, esta disposición implica que cada provincia debe contar con un mecanismo propio.

La propuesta advierte que Santa Cruz no ha sido efectiva en la prevención, investigación y sanción de hechos de violencia institucional, lo que refuerza la necesidad urgente de integrar y poner en funcionamiento el Comité provincial. La iniciativa busca corregir esta deuda pendiente y asegurar la vigencia de los estándares internacionales en la materia.

El proyecto enfatiza que los mecanismos creados deben ser independientes y contar con recursos suficientes, con capacidad de emitir informes, supervisar instituciones y realizar seguimientos permanentes. Según el texto, un mecanismo nacional único resulta insuficiente para cubrir la diversidad de contextos y jurisdicciones donde pueden ocurrir situaciones de tortura o malos tratos.

Mora Doldán remarcó que la integración del Comité debe realizarse con criterios de transparencia, participación y representación de minorías, en concordancia tanto con la ley provincial como con la Convención y el Protocolo Facultativo ratificados por la Argentina. La legisladora señaló que la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos deberá asumir un rol activo y extraordinario para garantizar la correcta implementación.

La resolución presentada subraya la necesidad de avanzar en múltiples reuniones y procedimientos que aseguren el cumplimiento pleno de la Ley 3816. Según la autora, solo con un Comité integrado y operativo se podrá dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía frente a los casos de violencia institucional, ofreciendo un marco de protección de derechos humanos más sólido en Santa Cruz.