Proponen incorporar la Licencia Científica para la administración pública

Según el proyecto, la licencia alcanzaría a agentes de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales, siempre que participaran en congresos, festivales, concursos, jornadas, representaciones artísticas o actividades de intercambio científico o cultural. El texto precisó que su creación no interferiría con regímenes especiales más favorables ya existentes.

La licencia podría otorgarse por hasta quince días corridos por año calendario, con posibilidad de fraccionamiento según la duración del evento. Asimismo, en casos fundados y cuando la representación institucional lo justificara, la autoridad competente podría extender el plazo por un período equivalente, ampliando las condiciones de acompañamiento a los agentes.

El proyecto estableció que la licencia sería otorgada con goce íntegro de haberes, y detalló los requisitos para solicitarla: presentación con al menos quince días hábiles de antelación, acreditación de la invitación o participación y constancia de asistencia una vez finalizada la actividad. Estas obligaciones buscaron ordenar el registro y garantizar mecanismos administrativos uniformes.

En los casos en que el agente representara oficialmente a la provincia o a un organismo público, la autoridad de aplicación podría reconocer gastos de traslado y estadía conforme la normativa vigente. Esta posibilidad se planteó como herramienta para acompañar la presencia institucional en eventos de relevancia.

El proyecto incorporó la Licencia Científica y Cultural al régimen general de licencias del personal de la Administración Pública Provincial, otorgando un marco normativo específico que hasta el momento no existía en la provincia. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que debería definir procedimientos administrativos y criterios de aplicación.

Además, el Poder Ejecutivo debería reglamentar la ley dentro de los sesenta días posteriores a su promulgación, con el objetivo de garantizar una implementación clara y operativa. El texto marcó así un camino normativo para institucionalizar la participación cultural, artística y científica de los agentes públicos.