Tras suspender el juicio

Por estafas en alquileres, un martillero debe donar dinero a una causa solidaria

La medida dispuesta por la Justicia evita el juicio para Omar Rodríguez, el profesional que estafó a varios clientes con el monto de alquileres, durante tres años.

  • 09/02/2023 • 07:31

Un martillero público de 62 años, identificado como Omar Rodríguez, fue encontrado culpable de estafar con el monto de los alquileres a la empresa que lo había contratado para el cobro de los mismos, durante tres años.

 

Por esa razón, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos dispuso que, para evitar un juicio oral y público en su contra, el profesional deberá aportar dinero para la campaña solidaria "Todos por Beni", que impulsan los padres del niño que padece neuroblastoma (grado 4) y que debe completar su tratamiento oncológico en Barcelona, España.

De acuerdo a lo investigado por la entidad interviniente, quien también fuera docente de economía es propietario de una inmobiliaria que, en 2009, fue contratado por una sociedad anónima para cobrar alquileres de distintas propiedades. De esta manera, entre marzo de 2013 y mayo de 2016 el hombre acusado llevó adelante las diferentes estafas, que consistían en informar a la empresa un monto de alquiler inferior al que realmente cobraba a los inquilinos, quedándose para sí mismo con la diferencia.

De acuerdo a lo que dejó trascender el periodista Mauro Szeta, durante los primeros años Rodríguez decía que le pagaban $ 5.000 cuando en realidad el valor de alquiler era de $ 9.800, resultando una estafa de casi el doble del valor real de renta del inmueble que el hombre luego se guardaba en su bolsillo, llegando a facturar $ 70.000 de ganancia por fraude.

En este sentido, la Justicia imputó al martillero por el delito de defraudación por administración infiel y reguló la siguiente probation (suspensión del juicio) con el abogado defensor del acusado: deberá donar $ 30.000 por mes a la campaña "Todos por Beni" ( todosporbeni.com) para que el niño de 2 años que padece de cáncer, pueda finalizar su tratamiento.

 

Por supuesto, el docente en economía aceptó la resolución del magistrado, a fin de evitar instancias mayores que podrían implicar, incluso, la cárcel.