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Peralta propuso declarar inalienables a SPSE y Distrigas

El diputado Daniel Peralta presentó un proyecto de ley para proteger el patrimonio estratégico provincial y establecer mayores requisitos ante cualquier intento de privatización, transferencia o modificación estructural de servicios esenciales en Santa Cruz .

  • 27/04/2026 • 17:40

El diputado Daniel Peralta presentó el proyecto de ley denominado “Ley de Protección del Patrimonio Estratégico, Servicios Vitales y Soberanía Provincial”, una iniciativa orientada a declarar como bienes inalienables a tres pilares del funcionamiento cotidiano en Santa Cruz: Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Distrigas S.A. y LU85 TV Canal 9.

La propuesta establece que estas entidades no podrán ser privatizadas ni transferidas sin condiciones excepcionales, y fija un esquema jurídico destinado a resguardar su carácter público frente a eventuales decisiones coyunturales.

El proyecto define como patrimonio estratégico provincial a SPSE, Distrigas S.A. y Canal 9, al considerar que cumplen funciones esenciales vinculadas al acceso al agua, la energía, la calefacción y la información en todo el territorio santacruceño.

En ese marco, la iniciativa plantea que el Estado provincial deberá conservar el 100% del control de SPSE y Canal 9, mientras que en el caso de Distrigas S.A. deberá mantener la mayoría accionaria y el control decisorio.

Además, cualquier intento de privatización, concesión o modificación estructural requerirá el voto afirmativo de los dos tercios de la Cámara de Diputados, lo que eleva el umbral político necesario para avanzar sobre cambios de alto impacto institucional.

La propuesta también prohíbe a los representantes del Poder Ejecutivo autorizar operaciones societarias en Distrigas S.A. sin aval legislativo previo bajo esa misma mayoría agravada. De esta manera, el proyecto apunta a impedir eventuales decisiones administrativas que impliquen venta de acciones o pérdida de control estatal.

Otro de los puntos centrales incorpora la obligación de convocar a una audiencia pública provincial antes de tratar cualquier iniciativa vinculada a privatización, concesión o modificación estructural. Según el esquema planteado, la omisión de esa instancia implicaría la nulidad del proceso.

Entre sus fundamentos, el texto sostiene que en Santa Cruz el acceso a servicios básicos no puede depender exclusivamente de criterios de rentabilidad, debido a las condiciones geográficas y climáticas de la provincia y a la realidad de localidades alejadas o de baja densidad poblacional.

La iniciativa advierte que una eventual transferencia de estos servicios al sector privado podría derivar en exclusión territorial, desabastecimiento o encarecimiento, ante la falta de incentivos comerciales para sostener prestaciones esenciales en zonas menos rentables.

Por esa razón, el proyecto concibe a SPSE y Distrigas S.A. como instrumentos del Estado provincial para garantizar derechos básicos, más que como empresas orientadas a fines lucrativos.

Uno de los ejes institucionales de la propuesta se apoya en el principio de no regresión en materia de derechos, que busca impedir retrocesos en niveles de protección ya alcanzados. En términos prácticos, el proyecto propone que cualquier modificación sobre el estatus de estos servicios requiera consensos amplios y sostenidos.

En el caso de Distrigas S.A., constituida bajo régimen societario, la iniciativa introduce un control indirecto sobre la actuación de los representantes del Estado en los órganos de decisión de la empresa. Así, cualquier voto que implique venta de acciones o pérdida de control estatal sin autorización legislativa previa será considerado inválido.