Organizar la obra privada

El pasado día martes, en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, se dio inicio a otra semana de tarea legislativa a través de la Comisión de Transporte, Industria, Comercio y Asuntos Técnicos, la cual nuevamente fue presidida por el concejal Leonardo Fuhr, e integran los concejales Wilson Flores y Leonardo Roquel.

En este contexto, los ediles y asesores otorgaron despacho favorable al decreto N° 2463 de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, “ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante”, que crea el Plan de Regularización de obras construidas sin permiso con una vigencia de 180 días, para la cual implementará, a través del área de Recaudaciones, una moratoria municipal.

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En más de una ocasión, desde TiempoSur, hemos publicado respecto a las desprolijidades que se dan en materia de obra privada, sobre todo en complejos habitacionales donde vecinos hacen uso y desuso del espacio público a conveniencia, en la totalidad de las obras, sin autorización municipal y por fuera de toda norma. Vale la pena mencionar que, a lo largo de las últimas décadas, el descontrol también se ha vivido en los nuevos barrios de la ciudad, donde las familias que han accedido a los terrenos de toda la extensión sudoeste de Río Gallegos, han puesto como prioridad el avance de su vivienda por sobre la regularización de las obras y su planificación.

En diálogo con TiempoSur, el secretario de Planificación y Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos, Horacio Capel, se mostró expectante con la posibilidad de dar comienzo a este plan de regularización al manifestar que es mucho el trabajo a realizar en la ciudad, justamente producto del descontrol de la obra privada en distintos puntos de la capital.  

“Constará de una moratoria para poder regularizar todo lo construido sin permiso, donde no se cobrará el concepto de multa, sino que se cobra en concepto de metros construidos como si fuera la primera vez”, dijo el funcionario y amplió: “Tienen la particularidad, estos trámites, de trabarse en la municipalidad, muchas veces porque el beneficiario tiene deudas, no del inmueble que está registrando sino que de otras cosas, pude ser patente automotor, o multa, en este caso solo se pedirá libre deuda del inmueble que se quiere regularizar”.

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Capel manifestó que “la idea es avanzar para dejar registradas las construcciones y permitir movilizar la bolsa laboral de técnicos y profesionales generando trabajo”, y continuó: “hay mucho trabajo por hacer en este sentido, en general la gente cuando tiene un terreno adjudicado y tiene economía, prefiere comprar materiales y construir, evita otros gastos en trámites”.