Ola de cierres en Santa Cruz

El tejido empresarial santacruceño se enfrenta a una contracción sin precedentes que borró del mapa a centenares de unidades productivas. De acuerdo con un relevamiento de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la provincia experimentó la desaparición de 227 empresas empleadoras entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, tendencia que empeoró a inicios de 2026 con la baja de otras 46 firmas en un solo mes.

Desde la entidad explicaron que estas cifras oficiales miden únicamente el segmento con mayor espalda financiera —el que sostiene personal registrado—, por lo que la realidad de los monotributistas, autónomos y comercios barriales podría ser drásticamente peor.

Derrumbe del empleo privado y causas clave

El informe visibilizó el fuerte impacto que la crisis tiene sobre los puestos de trabajo en el territorio:

Pérdida de empleo: Los trabajadores formales pasaron de 60.623 a 50.954, marcando un derrumbe del 16%, la caída más severa de toda la Argentina. La drástica baja laboral en comparación al número de cierres demuestra que las firmas sobrevivientes tuvieron que achicar drásticamente sus plantillas.

Los detonantes: La parálisis total de la obra pública nacional (incluyendo las represas sobre el río Santa Cruz), la retirada de YPF de las áreas hidrocarburíferas convencionales —afectando a decenas de contratistas locales— y la caída del consumo interno motorizan el desplome.

"El nivel de estrés financiero que hoy atraviesan las empresas locales supera incluso los registros de la pandemia de Covid-19", alertaron desde la FESC.

El reclamo de auxilio nacional

Si bien la Federación valoró las herramientas locales —como la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME que suspende ejecuciones fiscales provinciales hasta fin de año—, aclaró que el esfuerzo es insuficiente frente a la presión de los organismos federales.

La mayor asfixia proviene de las ejecuciones y embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente nacional que no se rige por las leyes provinciales. Ante esto, el sector exige que el Gobierno Nacional se adhiera a la emergencia declarada en Santa Cruz para frenar las medidas judiciales y extender los planes de alivio fiscal.