La justicia provincial deberá investigar el propio hackeo del que fue víctima

Será la justicia provincial la que investigue el hackeo a la justicia provincial. Aunque suene inusual, así será luego de que el Juez Federal de Río Gallegos se declaró incompetente, en base a la denuncia que presentó el sindicato de judiciales de Santa Cruz el pasado 13 de octubre, y a pesar de que había permitido al gremio ser querellante.

El ciberataque sucedió el 23 de septiembre y TiempoSur lo publicó el día 29. La denuncia penal del gremio ante la Fiscalía Federal fue el 13 de octubre. Pero antes, el Tribunal Superior  de Justicia provincial presentó otra denuncia  ante le Fiscalía provincial.  Ante esto, el juez federal consideró que era allí en donde debía investigarse la ilegal filtración de datos.

El sindicato presentó una apelación, fue admitida, y ahora será la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la que resuelva si será competencia de la justicia federal de Río Gallegos investigar el delito. Dentro de los argumentos que expuso el gremio, patrocinado por la Dra. Diana Huerga Cuervo, se destaca que se trató de un delito federal porque se vulneró un sistema federal, como lo señala la ley.

Otro fundamento, es que serán los peritos de la propia justicia provincial, que fue hackeada, los que deberán investigar. Es decir, las propias víctimas. "Que no puede dejar de manifestar esta parte además de la evidente improcedencia – por falta de imparcialidad e independencia necesarias - de que sea el mismo cuerpo pericial informático dependiente del TSJ el que tenga que peritar a los fines de determinar posibles responsabilidades en el hackeo sufrido por el sistema informativo del Poder Judicial Provincial, lo cual es un punto esencial a lo hora de evaluar – además de la evidente procedencia del fuero federal-, la evidente conveniencia de que la investigación sea llevada por un órgano judicial independiente al TSJ", advirtió la apelación.

Serio 

"Uno lo que espera ante un denuncia tan grave, que tiene que ver con la vulnerabilidad de los sistemas en donde se resguarda información confidencial  y muy importante, es que exista una investigación seria y acorde a lo que demanda la situación", sostuvo a TiempoSur, Alejandra Beroiz, secretaria General del sindicato de Judiciales.

Recalcó que debe ser la justicia federal la que investigue. "Los peritajes deberá hacerlos el propio poder judicial de Santa Cruz, es decir, la víctima del delito, se perita a sí misma".

A la fecha -advirtió la dirigente- no hubo "ninguna muestra de que  se hayan optimizado los servicios informáticos". Esto se relaciona directamente con lo que el  sindicato cuestionó en varias reuniones paritarias, referido a la falta de inversión en equipamiento y compra de materiales.

La denuncia del gremio judicial indicó que conocieron mediante la publicación en redes sociales de la venta de estos datos.  Alguien "habría tenido acceso a bases de datos del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, entre ellos, claves de acceso de funcionarios y empleador judiciales, bases de datos de procesos y documentos de trabajo de los integrantes del poder judicial de Santa Cruz, poniendo posteriormente a la venta dichos elementos en un sitio web de acceso público".

Quien informó el delito fue un experto en seguridad informática y hacker, Mauro Eldritch -a quien este medio entrevistó- quien alertó la venta de datos por parte de un hacker en un foro.