La Iglesia pidió sostener la ley de Glaciares

La Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, escribió una carta a senadores y diputados nacionales ante el inminente tratamiento legislativo de la reforma a la llamada Ley de Glaciares, expresó su “profunda preocupación” por la posible modificación de la norma, recordó que fue fruto del consenso político, social y científico, y solicitó que se reconozca que el agua es un “derecho natural e inalienable” que no puede quedar sujeto a consideraciones meramente económicas o productivas.

En la misiva, la comisión sostuvo que “los glaciares no son simples recursos económicos”, sino que “son fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”. Asimismo, remarcó que la ley vigente ha sido resultado de amplios consensos y constituye una herramienta fundamental para la protección ambiental.

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, los definió como bienes de carácter público y amplió la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos. Además, fijó limitaciones a toda actividad que pueda afectar la condición natural de estos ecosistemas y determinó sanciones para quienes incumplan esas disposiciones.

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La iniciativa de reforma presentada por el gobierno nacional se basó en la supuesta necesidad de “subsanar criterios interpretativos” y otorgar a las provincias mayor autonomía para promover la explotación de sus riquezas minerales. Esta propuesta generó resistencia de comunidades, organizaciones ambientalistas y científicos.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, presidida por el obispo riojano Dante Braida, afirmó recoger “el clamor de numerosas comunidades, científicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos conscientes” frente a la posibilidad de que se modifique la norma. En ese marco, advirtió que los glaciares “son fuentes de agua y vida reguladores del sistema hídrico” y que “su afectación impacta primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias que dependen de esos ecosistemas”.

En el documento, la comisión reafirmó su convicción de que “el agua que mana de esos reservorios naturales es un derecho universal e inalienable”, en consonancia con la doctrina social de la Iglesia, que sostiene que “el derecho al agua, al igual que todos los derechos humanos, está fundado en la dignidad y no en estimaciones de carácter puramente cuantitativo”.

Frente a los planteos de algunos gobernadores que consideran que la ley actual constituye un obstáculo para el desarrollo de proyectos mineros, la carta recordó que “la Iglesia nos enseña que el desarrollo verdadero no puede reducirse al mero crecimiento económico, sino que debe ser integral, sostenible y respetuoso de la dignidad humana y la naturaleza”, y añadió que “toda actividad productiva debe someterse a estos principios y al cuidado de los bienes públicos universales”.

Citando al Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, el texto sostuvo que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental” y que “las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.

En otro tramo, los representantes eclesiásticos afirmaron que “la actual Ley de Glaciares establece un piso de protección que no puede ser relativizado en favor de intereses sectoriales o de corto plazo”, y solicitaron a senadores y diputados que “mantengan y fortalezcan el espíritu y los presupuestos mínimos de protección establecidos por la ley”, que prioricen “la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas por sobre cualquier otro interés” y que “escuchen la voz de las comunidades locales y de los científicos, actores esenciales para un discernimiento prudente, equitativo, racional y respetuoso del Convenio No. 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú”.

Asimismo, la comisión pidió que se promueva “un modelo de desarrollo nacional que armonice la producción con la ecología integral, buscando alternativas que no comprometan recursos naturales críticos e irrecuperables, honrando el carácter de herencia sagrada que poseen estas fuentes de agua”.

El documento finalizó con la aspiración de que quienes intervengan en el debate “sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere al futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza”.