Javier Fernández: “La independencia del Poder Judicial de la provincia está anulado”

El dirigente gremial de ADOSAC, Javier Fernández, fue duro en calificar a la Justicia santacruceña. “En los últimos días, hemos asistido a uno de los bochornos más importantes con el pedido de cambio de carátula de la causa de la residencia de la gobernadora como intento de femicidio”.

“Hay personas vinculadas a ADOSAC que, entre miles de manifestantes, los servicios indican y señalan: el secretario adjunto, y dos militantes de ADOSAC, y una militante de ATE. Esto tiene un trasfondo; la convivencia que existe entre el poder político y el judicial”, dijo.

Criticó a la Justicia, cuestionando “¿dónde estuvo durante muchos años que se ha profundizado el encono contra el sector docente desde la gestión de Velázquez y de la misma gobernadora que avala este tipo de prácticas? Hay escuelas que se caen a pedazos, alumnos que parten desde primero a quinto con todas las previas; cuando no se le da de comer a todos los niños que asisten a las escuelas de jornada completa. Allí no está la justicia”, reprochó.  “Esta cautelar llega en un momento cercano a las elecciones, porque es lo que les preocupa más que el conflicto. Esta gestión termina como empezó, signada por el conflicto. Nunca pudieron comprender que la escuela de la provincia estaba necesitando otra cosa”, añadió.

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Sostuvo que “no tenemos duda que hay un tinte político en la decisión de la justicia. Porque no han intimado al Consejo para que, por ejemplo, un docente deje de tener el sueldo que no cubra la canasta.  Como trabajadores nos han faltado el respeto, desconocido nuestra profesión, degradándola, ensuciándola y realmente poniéndola en un lugar donde realmente no queremos estar. No es grato para nadie hacer medidas de fuerza, estar en la ruta, estar vendiendo cosas para alcanzar ese salario que nos permita salir de la línea de la pobreza”.

Insistió con el salario de un recién ingresante: “Con la última liquidación, un docente recién ingresante estará alrededor de los 150 mil pesos y la canasta básica total en la Patagonia está en 230 mil”.

Por otro lado, consideró que “han roto el escalafón con esta decisión de otorgar un aumento para algunos sí, para otros no. En medio de todo esto, vamos a ir tanto a la OIT como a la Comisión Interamericana del Trabajo”, dijo.

Para cerrar, respecto a la cautelar, Fernández dijo que “vamos a decidirlo en el próximo Congreso, pero si hay alguien que pone en situación de vulnerabilidad a toda la comunidad educativa es el mismo Estado.  Nuestro congreso es el único facultado para suspender o levantar las medidas”, insistió.