Instituciones de Santa Cruz plasman su rechazo en un documento

El proyecto girado por el Gobierno Nacional se discutirá en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, enfrentando un amplio rechazo de sectores políticos, pero también organizaciones civiles que atienden la problemática en la actualidad. 

El proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 busca agilizar internaciones involuntarias, flexibilizando el criterio de "riesgo cierto e inminente" a "riesgo grave de daño". Los cambios incluyen cambiar "padecimiento mental" por "trastornos", priorizar la atención de adicciones y permitir mayores plazos para la notificación judicial, entre otras cosas. Mantiene la internación como recursos excepcional, pero permite la internaciones involuntarias, que en la anterior ley era una situación que se contemplaba en casos extremos, mientras que el consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación.

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Entre las oposiciones a la modificación se plantea que la salud mental se ve fuertemente afectada, tanto por el ajuste como por la crisis social y económica que genera un aumento de demanda. Ante esta situación la modificación de la ley resulta una “falsa respuesta” ante un problema que se resuelve con políticas públicas y mayor financiamiento.

En Santa Cruz, por estas horas se conoció un documento del Órgano de Revisión Provincial de Salud Mental, integrado por asociaciones civiles y funcionarios de distintos niveles del estado: Fundación Ovillo Terapeutico, Colegio Provincial de Psicólogos, Ministerio de Desarrollo, MInisterio de Salud, Fundación CENTA, entre otros, todo firmantes de la postura. 

En el escrito sostienen que “este Órgano considera necesario señalar que las dificultades verificadas en la implementación del sistema de salud mental en el ámbito provincial no se vinculan con deficiencias estructurales del marco normativo vigente, sino con limitaciones en su efectiva aplicación, derivadas principalmente de la insuficiente asignación de recursos, la falta de desarrollo sostenido de dispositivos comunitarios y la ausencia de políticas públicas integrales y continuas en la materia”. 

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En este contexto, las instituciones declararon su “compromiso con el sostenimiento del paradigma de derechos humanos en salud mental consagrado por la Ley Nacional N° 26.657 y la Ley Provincial N° 3343”, expresaron su “preocupación ante aquellas modificaciones que puedan implicar una flexibilización de los estándares de intervención, en particular en lo relativo a las internaciones involuntarias, a los mecanismos de control de legalidad y a la integración del Órgano de Revisión, en tanto podrían debilitar su carácter autónomo, interdisciplinario y multisectorial, especialmente al restringir la participación de personas usuarias de los servicios de salud mental”. 

En otro tramo de la exposición, señalaron que “el fortalecimiento del sistema de salud mental requiere prioritariamente la implementación efectiva del marco normativo vigente, mediante el desarrollo de dispositivos comunitarios. la asignación de recursos adecuados y la consolidación de políticas públicas sostenidas en el tiempo”. 

Además, como órgano de control plasmaron la responsabilidad y decisión  de “continuar ejerciendo sus funciones de control externo, monitoreo y protección de derechos, en el marco de las competencias que le son propias, promoviendo prácticas acordes a los estándares legales y constitucionales vigentes”, además de la “necesidad de promover instancias de diálogo institucional y técnico que permitan analizar de manera integral el impacto de las reformas propuestas, resguardando los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental”.