Indemnizan a víctima de torturas en la dictadura

En 50 millones de pesos quedó fijada la indemnización que deberán pagar a un hombre que fue torturado por el régimen militar. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó lo resuelto en primera instancia y ordenó que el Estado pague la suma por conceptos de daño moral.

El demandante, Óscar Salas Alvarado, fue detenido en septiembre de 1988 por funcionarios de Carabineros. Tras una jornada de trabajo, se dirigió a la esquina de Sarmiento de Gamboa con Bories para abordar locomoción.

Su espera coincidió con una marcha de adherentes del “Sí” para el plebiscito que resolvería la continuidad del régimen. En este contexto, Carabineros lo detuvo por participar en la protesta y lo subieron a un carro policial.

De acuerdo a la demanda, la víctima fue agredida con patadas hasta que lo llevaron a la Prefectura. Posteriormente estuvo recluido en la Penitenciaría Local de Punta Arenas, donde vivió bajo condiciones de hacinamiento y lo amenazaron con enviarlo a isla Dawson.

Los tormentos concluyeron después de 31 días de reclusión. El demandante recuperó su libertad gracias a las gestiones del Obispado, pero fue despedido de su empleo y quedó con problemas de salud mental a causa de las torturas.

Patrocinado por el abogado Juan Srdanovic, el afectado demandó al Estado por 200 millones de pesos. Tras rendirse la prueba, el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió la acción y ordenó que el Estado pagase 100 millones. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado recurrió a la Corte de Apelaciones para que se anulara el fallo.

En un fallo dividido, el tribunal de alzada reconoció que el demandante fue víctima de torturas y rebajó la indemnización en 50 millones de pesos.