Impulsaron una ley de emergencia habitacional para empleados públicos

En la última sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que luego resultó suspendida, ingresó un proyecto de ley que buscó declarar la Emergencia Habitacional en la provincia y poner en marcha un Programa de Acceso Rápido a la Vivienda para Empleados Públicos Provinciales. La propuesta fue firmada por los diputados Fabiola Carolina Loreiro, Javier Jara, Santiago Aberastain, Patricia Urrutia y Adriana Nieto López.

La iniciativa declaró la emergencia habitacional por el plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por parte de la Legislatura, y creó un programa específico para empleados públicos provinciales que funcionaría por fuera del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. El texto señaló que la intención fue dotar al sistema de mecanismos propios, ágiles y descentralizados para reducir tiempos y evitar demoras burocráticas.

El proyecto estableció que el Poder Ejecutivo debería designar una Unidad Ejecutora Especial con autonomía operativa, financiera y administrativa, destinada exclusivamente a implementar el programa. Entre sus objetivos figuraron facilitar el acceso a la vivienda propia, reducir los tiempos de adjudicación y entrega, desarrollar sistemas de financiamiento acordes a los salarios estatales y evitar intermediaciones que posterguen los procesos.

La propuesta contempló distintas herramientas de ejecución, entre ellas la construcción de viviendas industrializadas o de rápida ejecución, la entrega de módulos habitacionales progresivos, créditos blandos para autoconstrucción asistida, lotes con servicios y un programa específico de viviendas asequibles incorporado como anexo al expediente. También fijó un sistema de recupero basado en cuotas ajustadas al ingreso del trabajador, débito automático por recibo de sueldo, plazos previsibles y la eliminación de mecanismos de actualización que generen incertidumbre excesiva.

Uno de los puntos centrales del texto fue la fijación de plazos concretos. Según el articulado, la adjudicación debería producirse dentro de los seis meses desde la inscripción, el inicio de obra en un plazo de treinta días posteriores a la adjudicación y la entrega de la vivienda en un máximo de doce meses. La adjudicación, además, debería realizarse mediante un registro público de aspirantes, un sistema de puntaje transparente y sorteos públicos cuando correspondiera.

El expediente creó además un Fondo Especial de Vivienda para Empleados Públicos, integrado por aportes del Tesoro Provincial, recupero de cuotas, aportes de organismos nacionales, convenios con entidades financieras públicas y eventuales inversiones privadas. En cuanto a prioridades, el texto estableció preferencia para empleados públicos sin vivienda propia, familias con hijos, trabajadores con antigüedad en la administración pública y personas en situación de vulnerabilidad acreditada.

La iniciativa planteó también una redefinición del rol del IDUV. En ese sentido, dispuso que el programa para empleados públicos no podría ser ejecutado ni administrado por ese instituto, al que reservó exclusivamente para programas sociales dirigidos a familias y personas en situación de vulnerabilidad extrema. A la vez, señaló que el IDUV debería destinar al menos el 40 por ciento de su presupuesto anual a infraestructura, generación de suelo urbano, mejoramiento habitacional y construcción de viviendas en articulación con los municipios.

Otro de los artículos obligó a la Unidad Ejecutora a remitir informes trimestrales a la Legislatura con la cantidad de viviendas iniciadas y finalizadas, el estado financiero del programa y el listado de adjudicatarios. También habilitó a los municipios a ceder tierras y ordenó al Poder Ejecutivo reglamentar la ley dentro de los treinta días de su eventual aprobación.

Como anexo, el expediente incorporó el programa “Una Casa, Un Hogar”, pensado para garantizar viviendas asequibles a empleados públicos que no tengan vivienda propia, no califiquen para créditos hipotecarios y no hayan sido beneficiarios de planes habitacionales del IDUV. Allí se propuso construir cinco viviendas por año en cada localidad de la provincia, con terrenos cedidos por municipios y criterios de accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad y adaptación a contextos con limitaciones de servicios.

Ese anexo agregó que las viviendas deberían incluir biodigestores, paneles solares, diseño funcional y rápida ejecución, además de priorizar mano de obra local, empresas constructoras regionales y proveedores de la zona. El esquema financiero previsto indicó que el Estado provincial realizaría aportes para la construcción, con costos limitados y un recupero en cuotas fijas, sin actualización ni tasa de interés, con un plazo de hasta diez años y comienzo del pago una vez habitada la vivienda.

En los fundamentos, los autores señalaron que el proyecto surgió como respuesta a las dificultades que atraviesan los empleados públicos para acceder a la vivienda propia, en un contexto de salarios deteriorados, alquileres en aumento, servicios cada vez más costosos y situaciones de hacinamiento. Desde esa mirada, sostuvieron que el esquema actual presenta demoras estructurales y mecanismos insuficientes, por lo que impulsaron una herramienta legislativa orientada a ofrecer una respuesta urgente, específica y con plazos definidos.