Impulsan una Ley de Cobertura Integral de Salud para personas con discapacidad

La Honorable Cámara de Diputados recibió el proyecto de Ley N.º 706, que propone crear un régimen provincial de cobertura total y complementaria destinado a personas con discapacidad, diagnósticos de alta complejidad o condiciones que impliquen dependencia severa. La iniciativa ingresó formalmente y fue derivada al trabajo en comisiones, donde se evaluará su alcance, marco normativo y financiamiento.

La propuesta del Bloque Unión por la Patria definió como objeto garantizar la cobertura continua y efectiva de tratamientos, terapias, medicamentos, insumos, equipamientos y apoyos esenciales en todos los casos donde las obras sociales, prepagas o seguros de salud no cubran la totalidad del tratamiento. El articulado incluyó a personas con Certificado Único de Discapacidad, diagnósticos de dependencia, enfermedades poco frecuentes, trastornos del espectro autista y trastornos de salud mental severa.

El proyecto estableció que, ante cualquier prestación cubierta solo de manera parcial, el Estado Provincial deberá financiar el 100% del costo restante. Entre los servicios incluidos se enumeraron medicamentos de alto valor, terapias continuas, nutrición especializada, equipamientos médicos como dispositivos CPAP, traslados sanitarios, cuidados domiciliarios, apoyos educativos y tecnologías de asistencia destinadas a garantizar la autonomía personal.

Además, el texto propuso la creación del Fondo Provincial de Cobertura Total para Alta Complejidad (FOPROCAT), integrado por partidas del presupuesto provincial, aportes nacionales, convenios y donaciones. Este mecanismo apuntó a consolidar una estructura financiera específica que permita sostener prestaciones indispensables y evitar discontinuidades que afecten la calidad de vida de los beneficiarios.

La autoridad de aplicación propuesta fue el Ministerio de Salud y Ambiente, que tendría la responsabilidad de reglamentar procesos, establecer criterios de acceso, garantizar la continuidad de tratamientos y priorizar casos bajo el marco de la Declaración de Emergencia en Cuidados, vigente en la provincia. También se invitó a municipios y organizaciones a adherir a la normativa una vez aprobada.

En sus fundamentos, el proyecto destacó que numerosas familias de Santa Cruz afrontan gastos extraordinarios para sostener terapias esenciales que no son cubiertas íntegramente por sus obras sociales, generando endeudamiento, interrupción de tratamientos o pérdida de calidad de vida. También subrayó que leyes nacionales de discapacidad, salud mental, TEA y enfermedades poco frecuentes no siempre se aplican de forma efectiva, por lo que la intervención provincial resulta clave para garantizar derechos.

Los autores remarcaron que la iniciativa busca complementar —y no reemplazar— las obligaciones que ya mantienen las entidades de salud, actuando el Estado como garante final cuando exista una cobertura insuficiente. Asimismo, señalaron que la medida se inscribe en un principio de justicia social y equidad territorial, y que su aprobación permitiría asegurar continuidad, estabilidad y acceso a servicios críticos para poblaciones altamente vulnerables.