Ianni advirtió que la eliminación de controles “aumenta los riesgos de trata y secuestro”

La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, expresó su fuerte rechazo a la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar los requisitos para la salida del país de menores de edad, al considerar que la medida pone en riesgo la seguridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes, abriendo la puerta a posibles delitos como la trata de personas o los secuestros. A través de sus redes sociales, recordó que en 2023 presentó un proyecto de ley para regular el traslado interjurisdiccional de menores de edad en medios de transporte público, que aún no fue tratado por el Congreso, a pesar del acompañamiento de más de veinte diputados.

“La iniciativa tiene como eje garantizar la seguridad de los menores de edad sin caer en trámites engorrosos o restrictivos”, explicó Ianni, quien además reafirmó su compromiso con los derechos de la infancia. En su publicación, sostuvo: “El Gobierno anunció que facilitará la salida del país de menores, quitando controles fundamentales para su seguridad y protección, aumentando los riesgos de trata y secuestro. El año pasado presenté un proyecto, acompañado por más de 20 diputados, que aún no fue tratado y regula de manera clara y sencilla los viajes interjurisdiccionales de menores. No todos los chicos deben ir siempre acompañados, pero incluye una autorización rigurosa y medidas concretas para garantizar su seguridad sin complicar los trámites. Se puede proteger a los niños y adolescentes sin que sea un proceso engorroso ni que afecte derechos, y eso es justamente lo que buscamos”.

El proyecto de ley impulsado por la legisladora santacruceña propone un marco normativo uniforme para el traslado de menores de 18 años en transporte público interjurisdiccional de larga distancia, abarcando a medios terrestres, ferroviarios, lacustres, fluviales, marítimos y aéreos de cabotaje. Se exceptúan los servicios urbanos y suburbanos nacionales, así como los que conectan municipios limítrofes. En todos los casos, las empresas de transporte tendrán la obligación de verificar la edad y, si se trata de menores, exigir la documentación y autorización correspondiente.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que diferencia las formas de traslado según la edad del menor. Para los niños y niñas de entre 6 y 12 años, se contemplan tres opciones: viajar acompañados por un representante legal, por un tercero autorizado o utilizando un servicio especial de menor no acompañado, a cargo de las empresas de transporte. Este servicio implica una tarifa adicional, e incluye que una persona del equipo de a bordo tome la responsabilidad del menor durante todo el trayecto, desde el ascenso hasta la entrega a la persona indicada en destino. Este acompañante debe ser mayor de edad y estar designado expresamente por quien ejerza la responsabilidad parental.

En el caso de adolescentes entre 13 y 17 años, se los habilita a viajar solos siempre que cuenten con autorización previa, conforme a las modalidades establecidas en el artículo 4 del proyecto, que contempla documentos como partida de nacimiento, DNI del menor y de quien autoriza, acta de matrimonio, pasaporte, certificados judiciales, entre otros. La autorización puede instrumentarse presencialmente al momento de la compra del pasaje, o mediante documento autenticado por escribanos, jueces, autoridades del Registro Civil o justicias de paz.

El proyecto también establece que las empresas de transporte serán responsables de verificar la documentación presentada antes del embarque, y en caso de dudas sobre la autenticidad, deberán dar intervención inmediata a las autoridades competentes conforme a la Ley 26.061. Si se incumple esta verificación, las compañías podrán ser sancionadas con las multas más altas previstas por las normativas del transporte terrestre, ferroviario, aéreo o fluvial, según el caso.

Además, la iniciativa contempla casos específicos como los viajes de estudios o egresados, regulados por la Ley 25.599, cuya autorización parental será considerada válida y suficiente para cumplir con esta ley. También regula situaciones en que los representantes legales del menor son a su vez menores de edad, en cuyo caso se exige el asentimiento de sus propios representantes legales o venia judicial, conforme al artículo 644 del Código Civil y Comercial.

En cuanto a las ventas no presenciales de pasajes, la empresa deberá implementar un sistema de control de edad. Si se trata de un menor, se informará al comprador que será necesario presentar la autorización y los documentos correspondientes antes del viaje, indicando plazos y condiciones para formalizarlo. El pasaje quedará marcado en el sistema como “a autorizar previo control de documentación”, para que tanto el personal comercial como el de embarque o conducción esté advertido.

En los fundamentos del proyecto, Ianni y los diputados firmantes se apoyan en el cambio de paradigma que establece a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño (incorporada con jerarquía constitucional por la Ley 23.849), la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26.364 de Prevención de la Trata de Personas, y la Ley 25.179 de la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. También recuerdan que Aerolíneas Argentinas aplica un protocolo en cuatro provincias (Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca), y que su propuesta busca extender ese resguardo a todas las líneas y medios de transporte del país.

“El Estado debe dictar normas y reglamentaciones que se orienten a proteger los derechos inherentes a esta amplia franja de nuestra sociedad, porque ese es el mandato que surge de la Convención”, afirmaron en el texto. Y agregaron: “Esta lucha debe ser inclaudicable, ante aquellos que se sirven de esta población aprovechándose de su vulnerabilidad para alcanzar sus espurios objetivos”.

El proyecto fue acompañado por los diputados Jorge Neri Araujo Hernández, María Luisa Chomiak, Martín Aveiro, Sabrina Selva, Lorena Pokoik, Mónica Litza, Martín Soria, Julio Pereyra, Jorge Antonio Romero, Carolina Yutrovic, Gustavo González, Carlos Castagneto, Nancy Sand, Andrea Freites, entre otros.

Finalmente, la autoridad de aplicación propuesta es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dependiente del Ministerio de Economía. Será este organismo el encargado de reglamentar, controlar y hacer cumplir las disposiciones previstas en la ley una vez sancionada.

A pesar del tiempo transcurrido desde su presentación, el proyecto aún no fue tratado en el Congreso, por lo que Ianni renovó su pedido de debate urgente, ante una decisión del Ejecutivo que, según alertó, “desprotege a los más vulnerables”.