Judiciales

Exigen que holding chileno declare por la compra de tierras en Santa Cruz

Desde hace dos años, Santa Cruz es querellante en la causa que investiga a una empresa chilena acusada de comprar estancias en la provincia a través de una firma argentina. Ahora, piden que su dueño declare en la investigación y alertan de un problema de soberanía en el distrito sureño.

  • 21/09/2023 • 08:33
Exigen que holding chileno declare por la compra de tierras en Santa Cruz
Exigen que holding chileno declare por la compra de tierras en Santa Cruz

Hace dos años que Santa Cruz es querellante en la causa que investiga si un holding de orígenes chilenos compró estancias en la provincia a través de un fideicomiso argentino. Se trata de una maniobra que roza la ilegalidad y que quiebra dos leyes y que, según la Fiscalía de Estado de la Provincia, pone un problema de soberanía nacional. 

Se trata de hectáreas que cuentan con un bosque nativo y seis ríos caudalosos, por lo que además de la belleza estética, hay detrás un recurso natural explotable. Las estancias son “El Cóndor”, “Melenik” y “Veranada de Jones”, que anteriormente eran ´propiedad de la empresa Cielos Patagónicos S.A. Ahora, el problema es que señalan que Maximiliano Ibáñez Bulnes, presidente de Corpora SA (holding familiar de Chile) hizo una maniobra “oscura” para comprarlas. A través de un fideicomiso “argentinizado”, lograron la compra y habrían burlado así las leyes de Tierras y la Ley de Zona de Fronteras.

La investigación está en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 9.

La denuncia fue realizada por dos de los propios accionistas de la empresa Cielos Patagónicos S.A. y es patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat. La Ley de Tierras (26.737) establece que los extranjeros no pueden comprar más de mil hectáreas en territorio nacional. La Ley de Zona de Fronteras establece que ningún extranjero ni persona jurídica pueden comprar tierras en zona de frontera, sin previa autorización del ente correspondiente.

Según la denuncia, esto se hizo mediante el uso de un fideicomiso llamado Cóndor. Según el contrato del fideicomiso, Braun Pellegrini es el fiduciario y Aluquina S.A., firma 100 % controlada por la familia chilena, es el beneficiario/fiduciante.

Aluquina desembolsó aproximadamente USD 18 millones (BLUE) por la operación. Los accionistas de Aluquina, a enero de 2020, son Corpora SA (94 % de la familia chilena) ahora llamada Surex Activos Inmobiliarios SA con 75,5 %; Explora Chile SA de Chile con 0,0188 % (100 % de la familia chilena); Explora Argentina SA con 24,47 %, (100 % de la familia chilena). Por su parte, los accionistas de Explora Argentina SA son Explora Chile S.A. de Chile con el 99,98 % y Corpora S.A., ahora llamada Surex Activos Inmobiliarios SA con el 0,02 %.

Avance judicial

En este marco, TiempoSur se comunicó con el Dr. Eduardo Bercesat, abogado de la querella. “Primero fue una alerta lanzada por socios minoritarios, sobre que se tramaba una venta previsiblemente lasciva, sobre la legislación de fronteras como la ley de protección de dominio nacional sobre tierras rurales. Esta denuncia, que fue primero del seno de la sociedad respecto al grupo comprador, encabezado por un magnate chileno Maximiliano Ibáñez, fue desoída. Este manifestó que él había comprado el 80 % de las acciones y más del 60 % de las acciones clase B, por lo tanto, él tenía la voluntad de hacer lo que quisiera, como dueño”, estableció en primer lugar el abogado.

Remarcó que la denuncia la iniciaron los socios minoritarios como querellantes, y luego, se sumó la provincia. Conforme al Artículo 124, la provincia tiene el dominio originario de riquezas y recursos naturales en su territorio.

“Lo que se utilizó para birlar es generar un fideicomiso llamado El Cóndor, poniendo como socio fiduciario al argentino Exequiel Braun Pellegrini”, alertó.

“Con escasa vocación de control de la Secretaría de Zona de Frontera del Ministerio del Interior y Dirección Nacional de Registro de Tierras Rurales, se registró la transferencia accionaria de un predio de 60 mil hectáreas con 50 km de ribera sobre lago San Martín con enorme valor paisajístico. Pasó a manos chilenas, violentando ambas legislaciones”, explicó Bercesat.

De esta manera, la empresa chilena se aseguró “el control férreo sobre lo que haga o deje de hacer el fiduciario”, sostuvo, a quien calificó diciendo que “ni siquiera es un gerente, es un portero”.

Con cuatro años de litigio y con buenos avances judiciales, ahora suman a la Unidad de Financiación Financiera para conocer cómo fueron los movimientos del capital para terminar de cerrar la compra.

“La intervención de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, se da con particular interés para examinar la conducta de los funcionarios que habilitaron sin objeciones esto, sin advertir la violación flagrante. Estamos en etapa de recibir declaraciones testimoniales, para mostrarle al tribunal que todos los pagos vienen de sociedades chilenas que pertenecen a Corpora, sociedad anónima, 100 % de Maximiliano Ibáñez Bulnes”.

“Es lasciva de todas las protecciones. Se valen del Decreto 820/16, del gobierno de Macri, socio y amigo de John Lewis, para generar una máscara de argentinidad. La diferencia era que en la época de Lewis no había una ley de dominio nacional. Es mucho más grotesco habiendo una ley de orden público que vedaba este tipo de transferencias”, analizó Bercesat.

Hasta ahora no se ha citado a Ibáñez Bulnes ni a más funcionarios, pese a que está “reunido el estado de sospecha para convocar a los involucrados en esta trama”.