En febrero cayó 8,3% la recaudación de fondos nacionales en Tierra del Fuego

De acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), durante febrero los ingresos por transferencias automáticas a Tierra del Fuego se redujeron un 8,3% en términos reales interanuales, reflejando así el desplome del consumo a nivel nacional y el impacto que esto tiene sobre las cuentas públicas.  

En ese sentido, Tierra del Fuego se suma al lote de provincias golpeadas por la recesión y la caída de la coparticipación nacional, entre las que resaltan Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Según IARAF, la provincia recibió en febrero último un total de 62.741 millones de pesos en todo concepto, lo que si bien representa un incremento nominal del 21,9% se licúa al descontar la inflación, dejando en evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los recursos.

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El panorama se extiende prácticamente a todas las jurisdicciones del país, aunque para Tierra del Fuego el retroceso tiene un mayor impacto porque la recaudación nacional de impuestos vinculados al consumo -que son el principal motor de la coparticipación- continúan en caída libre.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró una baja real del 13%, mientras que el Impuesto a las Ganancias retrocedió un 0,8%. Entre ambos, que representan el 94% de la masa coparticipable neta, tuvieron una caída del 8,3%.

La situación se agrava al observar el acumulado del primer bimestre: los envíos nacionales sumaron 129.989 millones de pesos, pero en términos reales implican un retroceso del 7,7% respecto al mismo período de 2025.

Con la actividad económica fueguina en retroceso y el consumo interno profundizando su caída, el impacto sobre la recaudación es grave y el Gobierno provincial analiza medidas de contención y recortes de gastos ya que la recaudación propia no logra compensar la merma de los fondos nacionales.

Por último, el informe de IARAF advierte que la caída de la coparticipación se explica en gran medida por la menor recaudación del IVA proveniente de Aduana, afectada por la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera. Se trata de un impacto que comenzó en 2023 y que todavía golpea las cuentas provinciales.