El vaciamiento de los CEPyAF llegó a la Cámara de Diputados

Desde el pasado mes de julio, trabajadores y alumnos del Centro Educativo de Formación y Actualización Profesional Nº 1 de Río Gallegos expresaron su preocupación por el cierre de cursos y el despido de personal. La medida pone en riesgo la educación y el futuro laboral de cientos de vecinos que se formaban en la institución. En este contexto, desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) confirmaron a TiempoSur que enviaron partidas para la continuidad de los procesos formativos, pero desde el Gobierno provincial no han habido rendiciones respecto a los destinos de los programas.

Tras semanas sin respuesta por parte de las autoridades, la diputada Agostina Mora, presentó un proyecto de resolución,e n principio para expresar “repudio al inminente cierre de los Centros Educativos de Formación y Actualización Profesional de toda la Provincia de Santa Cruz”, poniendo en valor que han sido “instituciones con más de cuatro décadas de trayectoria que han formado a miles de santacruceños y que constituyen un pilar fundamental en la capacitación técnica y profesional de nuestra comunidad”.

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Por otro lado, el proyecto solicita al CPE (Consejo Provincial de Educación) que “brinde las explicaciones correspondientes sobre las medidas adoptadas en relación a dicha institución, informe las razones por las cuales no se han habilitado las inscripciones para los cursos ya aprobados por el Instituto Nacional de Educación Técnica, y comunique las acciones previstas para garantizar la continuidad de los más de 800 estudiantes que habitualmente forman parte del alumnado”.

La legisladora explicó que “el proyecto surge a partir de la profunda preocupación expresada por la comunidad educativa de los Centros de Formación y Actualización Profesional de la Provincia de Santa Cruz, ante la posibilidad de su cierre y vaciamiento institucional, siendo espacios que garantizan la capacitación de cientos de ciudadanos y ciudadanas que buscan adquirir conocimientos y herramientas para su desarrollo laboral”.

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En otro tramo de la fundamentación, expone que “paradójicamente, mientras se anuncian convenios y programas para la creación de nuevos centros de formación, se desatiende y se impulsa el cierre de instituciones ya consolidadas, con historia, trayectoria y reconocimiento social”, y reafirmó: “Esta contradicción no solo debilita el acceso a la educación técnica, sino que también atenta contra el derecho de las y los santacruceños a formarse en su propia comunidad, generando desigualdad y mayores obstáculos para la inserción laboral”.

Por último, dijo: “Cabe destacar que los cursos ya cuentan con aprobación del Instituto Nacional de Educación Técnica, y que la falta de habilitación de nuevas inscripciones constituye una decisión política que afecta directamente a cientos de estudiantes que esperan continuar su formación”.