El Senado ya comunicó al Ejecutivo el rechazo al veto a la Ley de Discapacidad

La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja se reunió este martes por primera vez desde que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y previsiblemente en el inicio de la reunión se hizo referencia a eso, aplausos de los presentes incluidos.

El titular de la comisión, Daniel Arroyo, arrancó enfatizando que “la Ley de Discapacidad es ley y ya hay que ponerla en marcha”, y acotó que el Senado ya envió la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo, por lo que enumeró los pasos a seguir para poner en marcha la normativa. Primero, el jefe de Gabinete debe compensar las partidas presupuestarias, como siempre hace todos los días al no haber presupuesto. En este caso, “tiene que hacer lo que se hace siempre con la obligación de volcar el presupuesto en la Agencia de Discapacidad, para poner en marcha la ley y que la ANDIS ejecute la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es muy sencillo -explicó-: Ir para atrás a diciembre de 2023, con el nomenclador, antes de tener 120% de inflación, venir hasta hoy por inflación, descontar en cada prestación lo que sí se ha aumentado y a partir de allí construir un nuevo nomenclador”.

Dijo que se resolverán las auditorías de las pensiones, ya que la ley manda a hacer una auditoría donde están los problemas, y luego se debe respetar tomar como lenguaje la resolución de Naciones Unidas de derechos de las personas con discapacidad para que ningún gobierno puedan maltratar a las personas con discapacidad y sus familias. “Lo que debe imperar es el respeto”, remarcó Arroyo.

Señaló a continuación que “vamos a hacer un seguimiento desde esta comisión para que exista la compensación presupuestaria a la ANDIS y que se ponga en marcha la ley”.

El presidente de la Comisión de Discapacidad abogó por la aplicación de la ley aprobada. (Fotos HCDN)

En primer lugar, pasó a la firma el proyecto de ley que tiene como objeto la creación del “Programa Banco Azul”, destinado a visibilizar y concientizar acerca de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), por el cual se promueve la instalación de bancos azules en espacios públicos de paseo y recreación, y medidas específicas inclusivas para personas con TEA. Como autora de la iniciativa, la diputada Eugenia Alianiello (UP) explicó que “no venimos a incluirlos, sino que nosotros debemos incluirnos en su mundo, en su forma de ver la vida, de interpretar los sonidos, ruidos y colores de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados”. “Es un proyecto muy sencillo, de poco impacto económico y con un amplio superávit en empatía y amor”, subrayó.

Uno de los proyectos que figuraban en el temario para expresar preocupación por el actual funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad fue retirado a pedido de sus autoras, las diputadas de la CC Victoria Borrego y Paula Oliveto, para que fuera primero a la Comisión de Derechos Humanos.

Otro de los proyectos de ley que avanzó en la reunión apunta a establecer la estructura de gobierno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), establecida por el Decreto N° 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Sobre ese tema hubo controversia con quienes desde el oficialismo y sectores aliados sugirieron pasar el proyecto a asesores en lugar de pasar a la firma. Finalmente la iniciativa no prosperó, pero el proyecto tiene cabecera en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que será emplazada a tal efecto. Uno de los autores del texto, el legislador Juan Marino (UP), informó que aceptaron algunos cambios sobre el texto original. Al respecto, señaló que “elaboramos este proyecto en consulta con distintas organizaciones de y para personas con discapacidad y queremos avanzar en el dictamen hoy para luego poder emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poder avanzar en el recinto para que la ANDIS funcione como tiene que funcionar”.

A su turno, la diputada peronista Blanca Osuna habló de las auditorías señalando que “no estamos acá cuestionando el sentido del rol del Estado en tanto capacidad y atribución de auditar sus propias políticas. Los planteos son el tenor de las consecuencias que han traído aparejadas esas auditorías”. Y citó como los principales problemas detectados el uso de terminología discriminatoria; problemas de coordinación, la no ubicación de los beneficiarios; citaciones a cientos de kilómetros; y débil participación institucional de las ONG que no fueron incluidas en la planificación y el diseño de esas auditorías. “Hechos gravosos para los intereses y derechos de las personas con discapacidad que fueron afectadas y en algunos casos despojadas de un derecho instituido por el Estado previamente”, señaló.