El municipio se presentó en la justicia por incumplimientos del Gobierno Provincial

La semana pasada, el secretario de Ambiente de Santa Cruz, Diego Procopio, afirmó que el vaciadero es “el de mayor impacto ambiental en toda la provincia” y, tras una inspección, anunció que iniciaría sumarios e intimaciones contra el Municipio de Río Gallegos, sin descartar “la clausura del predio si no se sanea”, claramente algo imposible de incumplir por cuestiones lógicas, ya que Río Gallegos genera alrededor de 300 mil kilos de basura por día, la cual debe ser debidamente tratada antes de ser depositada en el relleno sanitario inaugurado por el municipio en 2023. 

Justamente este es el punto en el que radica el problema, ya que la planta de tratamiento actual ha quedado obsoleta, por lo que la empresa dedicada a la separación de residuos reutilizables no alcanza a tratar ni siquiera el 50% de la basura que ingresa al predio. La empresa Nueva Santa Cruz, de Leonardo Artieda, tiene la concesión de la planta dentro del vaciadero y recibe entre 130 y 145 mil kilos diarios de los 300 mil kilos que genera Río Gallegos por día. "La planta quedó obsoleta, quedó chica", dijo recientemente en diálogo con TiempoSur. 

Ahora bien, tras la inspección de la secretaría de ambiente y las declaraciones de su titular, la comunidad vuelve a alzar la voz buscando responsabilidad. La junta de firmas de vecinos pide el cierre definitivo y traslado al Lote 113, lugar del nuevo relleno sanitario, denunciando que la planta "no funciona con normalidad" y que "una vez al día sale un camión hacia la disposición final, pero la planta está parada", esto último desmentido por el propio propietario de la empresa quien invitó a la comunidad a conocer y aprender cómo funciona la gestión de residuos y la capacidad obsoleta de la plata instalada. 

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Actuación municipal 

En este contexto, el secretario legal y técnica del municipio, Gonzalo Chute, habló con TiempoSur, donde confirmó que el ejecutivo municipal acudió al juzgado civil Nº2, a cargo del Juez Francisco Marincovik, recordando el fallo del 2015 que dió lugar al amparo medioambiental presentado por profesionales de la UNPA. 

Vale la pena recordar que el 19 de agosto de 2015, el juez de Instrucción Civil Francisco Marincovik dictó una resolución invitando a cualquier vecino de Río Gallegos a adherir al amparo ambiental presentado por docentes e investigadores de la UNPA. La demanda incluía al gobernador, subsecretario de Medio Ambiente, intendente y hasta concejales. Se les exigía "cumplir obligaciones y deberes" para "preservar el derecho a la salud y ambiente sano".  El amparo se basaba en "la situación de la ciudad, pero sobre todo de acuerdo a los peligros que conlleva la falta de saneamiento para el medioambiente y los residentes”, y sentó precedente de acción colectiva ambiental en Santa Cruz. 

El tema vuelve a la agenda local, porque en parte la situación del vaciadero municipal sigue sin resolverse y hay sentencia firme del Juzgado Civil N°2 que ordena trasladarlo, el cual se ha abordado por parte del municipio pero abandonado por parte del Gobierno Provincial.

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En 2022-2023 CGC financió un estudio de factibilidad para trasladar el vaciadero con aporte de 12 a 15 millones de dólares para ampliar la planta, pero desde la comuna aseguran que “todo eso quedó trunco el 10 de diciembre de 2023”. Incluso la empresa CGC había contratado a una consultora privada para aportar el financiamiento necesario para la ampliación de la planta de separación, aunque esto finalmente no se dio. 

Chute lamentó que desde la secretaría de ambiente de la provincia “no han leído los expedientes que hay en ambiente de provincia y no saben de lo que están hablando ya que en el marco del amparo del 2015, la provincia, en sede judicial en año 2021, se había comprometido ante el juez, a financiar la construcción del centro de transferencia y la planta de separación de residuos nueva, que es lo que falta para hacer el traslado, ya que la planta actual es chica, no procesa ni el 80% de los residuos”.

Por otro lado, comentó que “elaboramos hasta el 10 de diciembre de 2023, con el programa ciudades sostenibles, en conjunto con ambiente de provincia y con CGC, un montón de estudios técnicos, con consultoras externas, con todo que establecía esta necesidad, que esta era la forma de solucionar la primera parte del problema. Estaba todo encantadísimo, pero cambió el gobierno provincial y dejaron de trabajar esto, pero por un incumplimiento de ellos”. 

En este sentido, y ante las declaraciones del titular de ambiente provincial, Diego Procopio, el funcionario municipal adelantó que “vamos a tener que reactivar el amparo que estaba cerrado, porque quien está en la obligación de financiarlo y está asumido en sede judicial, es el gobierno de la provincia de Santa Cruz”, y sumó: “Lo más interesante del planteo es que no se puede clausurar el vaciadero así nomás, porque el mismo artículo 4 de la ley de residuos de Santa Cruz establece que en caso de problemas graves que impidieron que el municipio pudiera gestionar adecuadamente, la provincia tiene que hacerlo, lo tienen que arreglar a cuenta del municipio. Desconocen totalmente de lo que hablan.”