El CAP trabaja en el plan de manejo que presentará a la justicia

Cerrando el 2021, en el mes de noviembre, la provincia de Santa Cruz sufrió un fuerte revés judicial al conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre una demanda iniciada por propietarios de tierras en la Península Magallanes, área protegida ubicada frente al Glaciar Perito Moreno.

Las empresas Cohiue SRL y Apen Aike SA son las actoras demandantes, alegan que las normas imposibilitan aun hoy que pueda disponer de su propiedad y desarrollar su quehacer comercial, en tanto prohíben realizar cualquier acto que pudiera comprometer el destino de las tierras hasta que se sancione el “Plan de Manejo”, que resulta inexistente al día de la fecha. Por tales motivos consideran que esas leyes son contrarias a los derechos constitucionales de propiedad, de trabajar y ejercer el comercio.  En su defensa, la provincia invocó su competencia para dictar las normas sobre la base del deber de preservar el medio ambiente.

Sin embargo, el Tribunal hizo lugar a la demanda e intimó a la provincia a fin de que en el plazo de 120 días dicte un Plan de Manejo. “Transcurrido ese plazo sin que la provincia adopte el respectivo Plan de Manejo, no le serán oponibles a la actora las prohibiciones establecidas”, falló.

A casi dos meses de la manda de la justicia, TiempoSur dialogó con Javier De Urquiza, Presidente del CAP a cargo de la definición del plan de manejo, quien recordó que, independientemente de un fallo de la corte suprema en este momento, este “es un reclamo con muchos por parte de propietarios de tierras en Península de Magallanes, que desde que se declaró por ley provincial primero la reserva y después el Parque Provincial Península de Magallanes, han venido reclamando la necesidad de realizar actividades, pero al generarse estas normativas genera algunas limitaciones”.

“Nosotros en el mes de julio del 2021 habíamos comenzado a retomar algo que sí es necesario darle un corte definitivo, que es la elaboración y posterior aprobación del plan de manejo o de gestión. Consiste en normativas que, en el marco de la ley permiten hacer o no hacer ciertas actividades en áreas protegidas como las que estamos hablando”, repasó el funcionario para remarcar que “se está avanzado, se han hecho varias actividades, relevamiento de campo, en este momento con un grupo interdisciplinario especialistas en el tema estamos en la etapa de consulta a los actores intervinientes, esto vía entrevistas, encuestas, vía contactos directos, se trata de tener la mayor participación de los actores públicos y privados”.

Según adelantó, trabajan a contra reloj en pos de lograr recabar la información necesaria entre los meses de enero y febrero, para posteriormente “en marzo podamos hacer una convocatoria muy amplia para poner sobre la mesa y a apostar desde allí a generar el plan de manejo de gestión que luego debe será aprobado por el Ejecutivo”. Consultado sobre los tiempos fijados por la justicia dijo: “La Corte Suprema nos da un plazo y estamos apuntando a poder cumplir en tiempo y forma. Veremos en su momento como lo maneja la fiscalía de estado”, cerró.