Para evitar sanciones

Dieron 20 días al Municipio para presentar un plan por el basural

Tras una audiencia realizada en el juzgado de Marcelo Bersanelli , la Municipalidad de Río Gallegos quedó obligada a presentar en 20 días hábiles un informe detallado con acciones concretas para revertir el estado del vaciadero a cielo abierto, en el marco de un amparo colectivo impulsado por vecinos y acompañado por la Secretaría de Estado de Ambiente provincial.

  • 23/04/2026 • 14:02

La situación del basural a cielo abierto de Río Gallegos sumó una nueva instancia judicial luego de la audiencia desarrollada este miércoles en el juzgado de Marcelo Bersanelli. Allí, en el marco del amparo colectivo presentado por vecinos y acompañado por la Secretaría de Estado de Ambiente, el magistrado ordenó al municipio presentar, en un plazo de 20 días hábiles, un informe detallado con medidas concretas para revertir el estado crítico del predio.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, una vez vencido ese plazo la Secretaría de Estado de Ambiente podría avanzar con medidas sancionatorias si persiste la falta de acción por parte del municipio, al que se señaló como el sujeto obligado a erradicar los basurales a cielo abierto dentro de su jurisdicción. Desde el planteo de los amparistas, el cumplimiento de esa obligación constituyó el interés ciudadano central del proceso.

El requerimiento judicial estableció que el informe municipal no podrá limitarse a generalidades. Deberá incluir metas claras, plazos definidos y un cronograma de implementación progresiva. A su vez, se exigieron medidas específicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los barrios cercanos, afectados desde hace años por la acumulación de residuos.

Durante la audiencia, los abogados del Ministerio de Salud y Ambiente, Miguel Soto y Diego Ojeda, siguiendo directivas de la ministra Lorena Ross, junto con la representante de la Fiscalía de Estado, Daniela Vázquez, expusieron que no era posible dejar sin efecto el procedimiento administrativo ya iniciado contra la Municipalidad de Río Gallegos, que era lo que el municipio buscaba al acudir a la Justicia.

En ese contexto, se confirmó la continuidad del procedimiento tendiente a determinar responsabilidades, en ejercicio del poder de policía ambiental. Según se indicó, la resolución podría derivar en una multa y, en caso de persistir el incumplimiento, avanzar incluso hacia la clausura del predio. No obstante, esa definición quedó supeditada a lo que presente la Municipalidad dentro del plazo fijado por el juzgado.