Casación rechazó los planteos de Cristina Kirchner para evitar la ejecución de bienes

Los jueces del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos de Casación de las defensas y confirmaron que corresponde al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio Vialidad en  una tarea conjunta con la fiscalía llevar adelante el decomiso fijado en la sentencia y que, actualizado, asciende a 684.990.350.139,86 millones de pesos.

En la resolución, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se advirtió que el decomiso del producto de un hecho delictivo ” se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal, situación que obliga a los distintos operadores judiciales a efectuar responsables, precisas e incisivas investigaciones patrimoniales a tal fin”.

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“En otras palabras, se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito”, sostuvo en su voto el juez Hornos.

La ex presidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple arresto domiciliario luego que el fallo quedó firme en la Corte Suprema.

Báez, en tanto, tiene una condena unificada a 15 años de prisión por la causa Vialidad y “la ruta del dinero”.

La defensa de Cristina Kirchner planteó la incompetencia del TOF 2 que llevó adelante el juicio para concretar el decomiso en lo referido a su persona y postuló que el tema correspondía a otro fuero, el comercial federal.

Báez, por su parte, postuló que en su caso sus bienes ya estaban cautelados ante el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por la “ruta del dinero”, donde tiene una condena firme por lavado de activos.

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Casación rechazó los argumentos y confirmó que el decomiso establecido en Vialidad y que deben cumplir de manera solidaria todos los condenados será ejecutado por los jueces del Tribunal Oral Federal 2 con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

En cuanto al planteo de Cristina Kirchner, Borinsky remarcó que la resolución apelada “no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias”.

“Por ello, los agravios deducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no pueden prosperar”, concluyó.

La ex presidenta está con prisión domiciliaria condenada a seis años de prisión en esta causa por administración fraudulenta, a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a empresas del también condenado Báez entre 2003 y 2015.