Propietarios v/s inquilinos

Aprietes, presiones y amenazas de desalojo

A nivel país es un momento de mucha tensión en la relación inmobiliaria, Santa Cruz no es la excepción. El DNU N°320/20 decidió proteger a los inquilinos desde inicios de la pandemia, aunque en este tiempo los mismos han sido víctimas de cientos de situaciones que sin dudas hoy están fuera de toda regla. En Santa Cruz se han dado desalojos y se seguirán dando si las autoridades no trabajan en la regularización mediante la ley.       

Preocupación a nivel nacional
Preocupación a nivel nacional
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Hace pocos días, entidades representantes de inquilinos a nivel nacional enviaron una nota a la ministra de Hábitat y Desarrollo Territorial del Gobierno Nacional, Arq. María Eugenia Bielsa, donde expusieron la profunda preocupación por la situación “desesperante que vienen millones de familias en todo el territorio nacional” y solicitaron la confirmación de la ampliación del DNU que llevaría “cierta tranquilidad” a las familias inquilinas. A pesar de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N°320/20 que prohíbe desalojos, extendiendo los contratos, congelando precios entre otras medidas y dado a que se ha incumplido recurrentemente con lo establecido.

En Santa Cruz “se han dado desalojos y algunos incluso acompañados por la policía”, contó Matías Solano, titular de Asociación Inquilinos Santa Cruz, a TiempoSur y resaltó que “en algunos de estos casos ya está interviniendo la Secretaria de Derechos Humanos”, aunque en cuanto al accionar policial manifestó: “No sabemos si es deliberadamente un incumplimiento de la policía o un desconocimiento de lo dispuesto por los DNU, pero es preocupante porque tendría que ser al revés y es la policía la que debería evitar los desalojos”. Para continuar con el repaso de la problemática, Solano contó que “los inquilinos están recibiendo constantemente aprietes, amenazas o presionan para que dejen los alquileres. Esto ya lo hemos expuesto, pero nadie escucha a estas personas. Necesitamos que rápidamente se amplíe la extensión del DNU que está en vigencia hasta el 30 de septiembre”. Si bien trasciende desde el Gobierno nacional que se ampliaría, lo cierto es que aún no hay confirmación oficial, situación que en muchos casos hace aumentar el nivel de presión.  

Carta abierta a la Ministra

Justamente la proximidad de la fecha de expiración del DNU es lo que preocupa a la Federación de Inquilinos, de la cual forma parte la asociación provincial. “Los rumores sobre la posible extensión de esta medida han provocado la reacción de los sectores concentrados del mercado inmobiliario que buscan deshacerse de las familias inquilinas, sobre todo de aquellas que adeudan alquileres”, expone el comunicado de la federación, por lo que solicitan “imprima la mayor celeridad al trámite administrativo, en tanto se ha vuelto insostenible la situación”.

Según algunos de los datos que expone la federación, aproximadamente un millón de familias están en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas. Por esto también es fundamental que el Gobierno implemente un plan de desendeudamiento del sector, teniendo en cuenta que no sólo las familias inquilinas están en graves problemas económicos sino también pequeños propietarios que no han podido cobrar sus alquileres”.

Recordaron además que existía el compromiso asumido de dar una respuesta concreta sobre este punto antes de que comenzara el mes de agosto, “lo cual no ha sucedido y ha dejado en una situación desesperante a aquellas familias que dependen de esta medida para no ser desalojadas y embargadas”.

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