Advierten sobre los riesgos de relativizar denuncias por violencia de género

Desde el organismo judicial recordaron que el Estado argentino tiene la obligación de prevenir y sancionar todas las formas de violencia, especialmente aquellas que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes, en línea con tratados internacionales como la Convención de Belem do Pará.

En su pronunciamiento, el Poder Judicial cuestionó la difusión de discursos que sugieren que la mayoría de las denuncias por violencia son falsas, advirtiendo que tales afirmaciones desincentivan a las víctimas a denunciar por temor a no ser creídas o ser estigmatizadas. También enfatizaron que la carga de probar la falsedad de una denuncia recae en quien la alega, y que la falta de pruebas no implica falsedad ni mala fe.

Citando estadísticas nacionales, destacaron que menos del 3% de las denuncias penales en general terminan siendo consideradas falsas, cifra que desmiente mitos instalados en torno a este tema. 

El comunicado también incluyó cifras del Registro Nacional de Femicidios: en 2024 hubo 247 víctimas letales por violencia de género, y en más del 48% de los casos existía violencia previa, aunque solo un 17% había realizado denuncias formales. “Estos datos subrayan la urgencia de promover el acceso a la Justicia para evitar tragedias que podrían haberse prevenido”, señalaron.

El Poder Judicial reafirmó su compromiso con la capacidad del Estado de responder adecuadamente frente a estas problemáticas sociales y ratificó la importancia de la capacitación continua en perspectiva de género, como lo exige la Ley Micaela.

Finalmente, celebraron que el proyecto de declarar de interés provincial el II Congreso Nacional sobre Falsas Denuncias no haya sido aprobado, y llamaron a fortalecer los esfuerzos para erradicar la violencia en todas sus formas, garantizando el acceso a la Justicia con enfoque integral y de derechos.