Advierten que la quita del financiamiento nacional pone en riesgo los pasajes gratuitos

El representante de Santa Cruz en el Consejo Federal de Discapacidad, Diego de la Mata, cuestionó la eliminación del régimen mediante el cual el Estado nacional compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer. En diálogo con el programa Planeta que se emite por Tiempo FM 97.5, advirtió que la medida impacta directamente sobre la posibilidad concreta de acceder al transporte.

En ese marco, De la Mata explicó el alcance de la decisión tomada desde el área nacional de transporte y la vinculó con el financiamiento que permitía sostener el beneficio previsto por la normativa vigente.

“La Secretaría de Transporte de Nación, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, sacó, a través de una resolución interna, el subsidio al gasoil que se le daba a las empresas de transporte terrestre. Era un sistema o herramienta de financiamiento para que la persona con discapacidad pudiera acceder al derecho instituido por la Ley 22.431, instaurado con el Decreto 38/2004, que nos permitía tener acceso libre y gratuito al pase de gratuidad del transporte terrestre”, señaló.

El referente indicó que el acceso al beneficio se sostenía a partir de la acreditación de la discapacidad y, en los casos correspondientes, con acompañamiento.

“Con la persona que acreditara la discapacidad con el Certificado Único de Discapacidad, más su DNI, y si lo ameritaba, el apoyo de una segunda persona”, expresó.

De la Mata también hizo referencia a las gestiones legislativas que comenzaron luego de conocerse la medida nacional y mencionó la presentación de un proyecto para dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Transporte.

“Esto salió el martes, si no mal recuerdo, y automáticamente ese mismo día, o al mediodía, la diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley. Tiene mucho más peso constitucional la ley que la resolución, para que se derogue esta resolución dentro de la Secretaría de Transporte de Nación. Estamos tramitando eso”, afirmó.

El representante santacruceño aclaró que el derecho al pasaje gratuito no fue eliminado en términos formales, pero remarcó que el problema central aparece en la posibilidad real de hacerlo cumplir sin una herramienta económica que respalde a las empresas.

“Escuché también días anteriores un texto que subió un diputado nacional de nuestra provincia, que decía que en realidad el derecho no se afecta. Y tiene razón: el derecho no se afecta. Ahora, una mano en el corazón, se lo pido a los oyentes de la FM: ¿qué empresa nos va a otorgar el pasaje libre y gratuito si no está el apoyo del Estado detrás?”, planteó.

En esa línea, explicó que el esquema de financiamiento ya había tenido distintas modalidades, primero mediante exenciones impositivas y luego a través del subsidio al gasoil.

“El apoyo significa esta cuestión de brindar, a través del subsidio del gasoil, el acceso a esto. Anteriormente se había hecho por eximición de impuestos a las ganancias. Las empresas podían eximir una parte de las ganancias a través de los pases de discapacidad. Con el tiempo se derivó a los subsidios del gasoil”, sostuvo.

De la Mata también cuestionó la capacidad de control de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte frente a posibles incumplimientos de las empresas, especialmente en provincias alejadas de los centros de decisión administrativa.

“Esta persona que escribía decía: ‘No se deroga el derecho al acceso libre y gratuito’. Pero la CNRT, Comisión Nacional Reguladora de Transporte, tiene un 0800 que, si lo embocás, si podés hablar con alguien, sos Gardel con los cinco guitarristas atrás. No te contesta nadie nunca”, indicó.

Luego, profundizó sobre la situación de quienes viven en la Patagonia y dependen del transporte de larga distancia para acceder a trámites, consultas médicas, rehabilitación o servicios que no existen en sus localidades.

“Y en el caso de que te contestara, a 2500 kilómetros de distancia, ¿la CNRT va a ejercer algún tipo de presión sobre la empresa transportista para que a Diego de la Mata, en Puerto San Julián, le den el pasaje? No. Lo que está pasando es el desamparo. Es el pantallazo que tenemos hoy, no solamente acá en la provincia, sino a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y en los 24 estados”, remarcó.

Sobre la continuidad del beneficio, fue categórico al advertir que la gratuidad queda debilitada si no existe un mecanismo concreto de financiamiento y control.

“Tal cual. No va a estar garantizado”, afirmó.

El referente de COFEDIS señaló que dentro del Consejo Federal se evalúan acciones para defender el derecho al transporte gratuito, aunque advirtió que la vía judicial también presenta obstáculos económicos para muchas personas.

“Se estaba hablando en las internas del COFEDIS, del Consejo Federal, en donde estoy involucrado, qué acciones podemos llegar a presentar para poder trabajar y seguir teniendo este derecho, para seguir insistiendo en este derecho. Muchos hemos optado por la cuestión del amparo. Lo que pasa es que, si vos tenés un recibo de sueldo, la Justicia te exige poder ir con un abogado pago”, explicó.

En ese punto, comparó los costos que debe afrontar una persona si decide judicializar el reclamo con el valor de los pasajes dentro de la provincia.

“Cuando el pasaje a Caleta Olivia me sale 50 mil pesos y el amparo me sale 150 mil, ¿qué termino haciendo? Pago el pasaje. Entonces terminamos engordando también esta cuestión de la empresa, que termina terciando y nos termina dando la pulseada”, sostuvo.

De la Mata remarcó que el pase gratuito no se utiliza únicamente para turismo, sino también para situaciones vinculadas con salud, rehabilitación, estudios, compras o acceso a servicios esenciales.

“Son opciones. La verdad que esto es bastante nuevo. Es un nuevo ataque a los derechos que tenemos dentro de las leyes. El cúmulo de leyes argentino es muy bueno, pero lamentablemente con estas decisiones políticas realmente nos ponen en jaque, porque no nos olvidemos que el pase de transporte en realidad no solamente sirve para el turismo, como dijo en algún momento una persona, sino también sirve para una terapia, una rehabilitación, ir a comprar ropa que capaz en tu localidad no tenés”, manifestó.

En el caso de Puerto San Julián, mencionó que muchas prestaciones deben realizarse en otras ciudades, como Río Gallegos o Comodoro Rivadavia, por la falta de determinados servicios especializados.

“Nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a Río Gallegos o a Comodoro Rivadavia a hacernos un electroencefalograma, porque acá en San Julián no hay. Entonces, a ese nivel, una persona ciega tiene que ir a Río Gallegos para poder aprender a utilizar el bastón. El único lado en Santa Cruz donde hay fundaciones o asociaciones que trabajan con ciegos es Río Gallegos. Estamos dejando a la deriva a un montón de gente con esta restricción”, advirtió.

El representante también aportó datos sobre la cantidad de personas con Certificado Único de Discapacidad en su localidad y recordó estimaciones vinculadas a la incidencia de la discapacidad en la población.

“Nosotros lo hemos charlado bastante con los integrantes de la junta evaluadora acá en la localidad. Puede variar porque hay muchos que traen su certificado de otras provincias, pero tenemos por registro alrededor de 475 personas con Certificado Único de Discapacidad en San Julián”, señaló.

Además, hizo referencia a los registros de Río Gallegos y a las estimaciones internacionales sobre discapacidad.

“Río Gallegos, en su momento, llegó a tener alrededor de 3000 personas con certificación. Estoy hablando de memoria porque en algún momento obtuvimos los números. No nos olvidemos que, por proyección internacional, la Organización Mundial de la Salud calcula más o menos entre un 9 y un 11% de impacto de la discapacidad en la población total. De cada 100 habitantes, al menos 10 tienen una o más discapacidades”, indicó.

De la Mata también vinculó la situación del transporte con otros problemas de acceso a prestaciones en sectores vulnerables, entre ellos adultos mayores que dependen de PAMI.

“Ha sido constante y permanente el ensañamiento, no solamente con la discapacidad. Te saco de discapacidad y voy al PAMI, prestadora de servicios médicos para la tercera edad: en San Julián no tienen cobertura de farmacia. Tienen que mandar a Gallegos a comprar los medicamentos, los abuelos, entre ellos mi madre”, expresó.

En su análisis, el representante santacruceño cuestionó las prioridades del Gobierno nacional y sostuvo que las decisiones presupuestarias impactan con mayor fuerza sobre las personas que necesitan asistencia estatal para acceder a derechos básicos.

“Entonces te das cuenta de que la vulnerabilidad, para este gobierno, es como la sangre para el tiburón. A contrapelo, y esto también lo dije en otros medios, el año pasado a la SIDE, central de inteligencia del Estado, dos veces le aumentaron el presupuesto”, sostuvo.

También cuestionó beneficios económicos otorgados a sectores empresariales y los contrapuso con la situación de las personas con discapacidad, jubilados y otros sectores afectados.

“A las privadas cerealeras, en 72 horas, desde el Estado nacional les jugaron 1700 millones de dólares en una excepción de impuestos que hizo el Gobierno nacional. ¿Quiénes se llevaron esa plata? Nombro Cargill, Monsanto, Bunge y Born, Molinos Río de la Plata, entre otras”, manifestó.

De la Mata insistió en que la discusión excede a un solo sector y alcanza a distintas áreas de la vida pública, como educación, salud y justicia.

“Esos son algunos de los grandes monstruos cerealeros. Esa plata no la dejan en Río Gallegos, en Puerto San Julián o en Buenos Aires. Está en cuentas en Suiza, queda en Europa. Entonces le seguimos engordando los bolsillos a los extranjeros en desmedro de la vulnerabilidad de la Argentina. Y en esto somos todos vulnerables: educación, salud, justicia y seguimos”, afirmó.

Por último, señaló que las organizaciones y representantes vinculados a la discapacidad vienen sosteniendo un plan de lucha desde hace más de un año, en respuesta a medidas que consideran regresivas para el sector.

“Nosotros estamos en un plan de lucha desde hace un año y medio largo. Hemos salido más en los medios por estas cuestiones que por cuestiones que hagan a la vida cotidiana nuestra. Nos pusieron en un ring, nosotros no queríamos subirlo, pero estamos en esa lucha”, sostuvo.

En el tramo final de la entrevista, De la Mata cuestionó las prioridades del Gobierno nacional y comparó los beneficios que reciben algunos sectores políticos con los derechos reclamados por personas con discapacidad.

“Trato de no esconder absolutamente nada, pero nuestro enojo va con eso, porque realmente no puede ser tanto. Hay millones de cuestiones para achicar. Embajadas, por ejemplo: cobran muy bien los embajadores. Ahí no se les toca un mango”, señaló.

Además, apuntó contra los privilegios que, según sostuvo, conservan legisladores nacionales mientras se discuten prestaciones para personas con discapacidad.

“Hay diputados nacionales que se ofenden y se enojan por los beneficios que tienen las personas con discapacidad. Ahora, los diputados nacionales tienen 20 pasajes por mes para disponer a lo ancho y a lo largo de la Argentina. Eso no se baja”, concluyó.