ADOSAC apelará la medida cautelar y definirá en Congreso cómo continúa la lucha

Ante la medida cautelar que presentó el Gobierno de la Provincia a la Justicia y que el juez Marcelo Bersanelli dio a lugar ordenando al gremio que suspenda las medidas de fuerza y se retome el dictado normal de las clases, el Doctor Enrique Papa, abogado de ADOSAC, explicó este miércoles en Cambalache, que se emite por Tiempo FM 97.5, cómo continúa este conflicto. “Desde el punto de vista gremial lo van a resolver los propios afiliados en asambleas y luego en un Congreso que estará llegando adelante en estos días”.

Desde el punto de vista legal, explicó que “este es un amparo que presenta la provincia de Santa Cruz contra Adosac, que es un hecho distinto a lo que había sucedido en paros anteriores donde eran los padres lo que intervenían.  Entendemos que esta medida cautelar tiene una serie de falencias. En los hechos, justifica la cautelar diciendo que hay una conciliación obligatoria y lo cierto es que fue dictada hace tres meses atrás y ya fue cerrada. Plantea también que hay una negociación que no acatamos y la misma fue cerrada directamente por el decreto de la gobernadora y por sus propios dichos donde plantea que no hay ninguna negociación posible”, añadió.

Mira Tambien

La Justicia de Santa Cruz ordenó a ADOSAC que suspenda las medidas de fuerza

Sostuvo que “hay una ilegalidad del gobierno porque no respetó la Ley 2986 de Negociación Colectiva porque cerró unilateralmente la negociación por medio de un aumento por decreto”.

El letrado informó que se apelará ante la Cámara la medida, para lo cual tiene dos días. “Esta resolución coarta un derecho fundamental que es el derecho a huelga. Y que si hay un derecho también fundamental que es el derecho a la educación de los niños, no hay manera de garantizarlo si no hay salarios dignos para los docentes que lo realizan”, avanzó.

La resolución judicial determina que “en caso de incumplimiento (…) se podrá considerar la aplicación de multas progresivas por cada día de incumplimiento”. Ante este dictamen, el abogado gremial sostuvo que “esto  podría ocurrir; es decir la aplicación de una multa diaria acumulativa por cada día de paro que podría pasar a la justicia penal por el desobediencia judicial”.

La Cámara debería resolver la apelación en tres días.  

“El que tiene que garantizar el sistema educativo es el gobierno, la provincia, los estados. Y no hay manera de garantizarlo si no hay salarios dignos para los propios trabajadores. Por ejemplo, se hizo una jornada extendida en primaria. Y entonces son entre 5 a 6 horas que hay que trabajar los docentes en un cargo, aparte que trabajan en su casa. Pero para poder vivir tienen que tener dos cargos. Entonces están trabajando más de 11 horas y 12 horas por un salario miserable. Entonces, ¿quién es el responsable de esto?”, reflexionó.