Policías denuncian a la cúpula por su resistencia al cambio y a la actualización

El Consejo del Salario y Condiciones Laborales, Asociación Civil Policial y Observatorio de Seguridad denuncian que la cúpula policial se resiste a los cambios en el sistema de seguridad, desde las condiciones de trabajo decente, concepto incorporado por la Organización Internacional del Trabajo.

Se trata de las condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna, considerándose por debajo de tales estándares, violados los derechos humanos del trabajador afectado.

Gustavo Aranda, secretario general del Consejo del Salario y Condiciones Laborales aseguró en conferencia de prensa que en la Policía de Santa Cruz, “se ha hecho caso omiso totalmente a este trabajo decente” y que los efectivos de la fuerza no cuentan con una obra social ni condiciones edilicias acordes.

Dijo que el sector viene pidiendo “transparencia” y que “se hagan auditorías, pero la cúpula policial se resiste, no quiere que le revisemos los cajones, porque sabemos que el comisariato está corrupto”.

Es por eso que repudió un atentado –denunciado en la Comisaría Primera- contra la sede de calle Rivadavia y amenazas a Mario Monsalvo y al doctor Soto. Según detalló, esa sede apareció días pasados con un vidrio roto y en el interior una piedra envuelta en un papel que rezaba “Monsalvo sos boleta, Soto volvé al norte”, y lo relacionó directamente con el reclamo en cuestiones de derechos hacia el trabajador y la sociedad y bregando por una Policía transparente “que no estamos teniendo”.

Resistencia. “Somos defensores de los derechos humanos, trabajamos bajo el orden democrático de gobierno”, destacó Aranda, al tiempo que apuntó al jefe de Policía, Salomón Aleuy, como la resistencia al cambio y a las órdenes que emanan del Gobierno provincial, en el que reconoció una voluntad y que conteste a la declaración de trabajo decente de la OIT reconoció al sector sus derechos como trabajadores.

Es así que hoy los efectivos policiales de Santa Cruz pueden reclamar derechos, salarios, condiciones de trabajo, todo lo cual se topa con la resistencia de la cúpula policial: “Si bien no somos un gremio trabajamos como tal y queremos una transparencia, es lo que busca todo gremio, que el trabajo de sus representados sea transparente”.

Para eso impulsan desde hace tres años el funcionamiento de una División de Asuntos Internos, creada por Resolución 141 del Ministerio de Gobierno, para auditar las dependencias policiales, pero “la Jefatura se resiste tanto a las auditorías como a dar información necesaria como para poder hacer un diagnóstico integral de la Policía”.

Aranda siguió denunciando “falta de logística y planificación”, al referirse a 77 patrulleros entregados por el Gobierno provincial a la Policía, que “no han sido distribuidos en forma equitativa, lo que muestra una clara improvisación por parte de la logística de la Policía”. “Sin una planificación estamos atentando contra el derecho principal que es la seguridad de los ciudadanos”, añadió.

El dirigente ahondó que “hoy por hoy a los policías nos someten a sumarios, jerárquicos que incluso están sospechados de malversación de caudales públicos” y opinó que “no me puede juzgar alguien que se sospecha que está cometiendo un delito”.

Asimismo dijo que hay un trabajo de la Asociación, en un intento por cobrar “cifras millonarias en concepto de adicionales” y que sólo por presentar el reclamo “un miembro del Consejo del Salario terminó denunciado”.

Transparencia. Para Aranda, “la comunidad necesita transparencia dentro de la Policía”, siendo que “últimamente se han visto hechos aberrantes en Río Gallegos, desapariciones, homicidios y la gente por ahí por desconocimiento los adjudica a la Policía, a la falta de seguridad”.

Advirtió más adelante que “no hay una especialización y en 32 años de democracia seguimos rigiéndonos bajo un régimen de 1972, del gobierno de Lanusse, un régimen totalmente dictatorial, donde en la Escuela de Policía se mantiene el orden cerrado, se priva de salida a los cadetes y no está preparado para los cadetes femeninos y se las obliga a hacerse mensualmente un test de embarazo –en el baño, ni siquiera en un lugar preparado para eso-, cuando Gendarmería y Prefectura ya lo eliminaron”. Lo denunciaron, junto con Horacio Contreras, presidente de la Asociación Civil Policial, como una violación a los derechos humanos y el derecho a ser madre que tienen las ingresantes a la fuerza.

“Nos regimos por la Ley de Seguridad Interior y esto tiene que cambiar”, enfatizó el dirigente de la Asociación Civil Policial, que está impulsando a través de la Legislatura una Ley de Seguridad Ciudadana para Santa Cruz: “Esto no es en contra de nadie, sino del sistema, no hay una mejora que es lo que buscamos, empezar a brindar la seguridad al ciudadano como realmente se lo merece y lo necesita”.