Reclaman que YPF asuma el costo del "pasivo ambiental" antes de irse

El anuncio de la partida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge con la devolución de áreas petroleras a las provincias de Santa Cruz y Chubut, comenzó a generar no pocas repercusiones.

Por un lado, el gobernador Claudio Vidal pudo dar cumplimiento a una de sus promesas de campaña cuando planteó la discusión sobre potenciar a las pymes del sector en Santa Cruz, si las empresas grandes no estaban a la altura de las inversiones que demandaban los yacimientos. La visita, días atrás, del presidente de YPF Horacio Marín, le permitió quedarse con el mérito de haber sido la primera provincia de todo el país en lograr la reversión de áreas. Días después, Marín continuó su derrotero en la vecina provincia de Chubut, donde siguió el mismo camino frente al gobernador Ignacio Torres.

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Acuerdo histórico de Vidal con YPF

La semana pasada, el flamante ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, reconoció ante algunos medios de prensa que ya había empresas interesadas en quedarse con algunas áreas. Pero desde territorio chubutense, se subió a la mesa una discusión que hasta ahora no solo no se había planteado sino que, además, tiene un gris sobre los acuerdos cerrados en ambos distritos: quién se hace cargo del pasivo ambiental.

No es un tema nuevo y, ya en tiempos de la YPF privatizada y su derrotero empresario hasta tiempos de Repsol, siempre los gobiernos provinciales plantearon con mucha preocupación los costos que demanda la recuperación de zonas afectadas por el propio trabajo de la industria petrolera, con juicios que se perdieron en el tiempo y declaraciones que reclamaban asumir dichos costos, ante la salida o abandono de los yacimientos.

Fue el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, quien reflotó el tema ante los anuncios de la petrolera de bandera.

El martes pasado, concretó un encuentro con la Cámara Regional de Empresas de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, del que participaron el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el concejal y exministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré; el presidente de la entidad, Gustavo Twardowski; funcionarios municipales y representantes de distintas empresas.

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YPF restituirá a Chubut áreas petroleras que no se estén explotando

El jefe comunal, afirmó allí: "Compartimos un destino en común, no solo con las empresas de servicios sino también con los trabajadores petroleros y con toda la ciudad". Destacó que "el costo de salida de YPF lo va a definir la sociedad, que legitimó la explotación petrolera en Comodoro".

En un llamado a la sociedad de Comodoro, Macharashvili señaló que están delineando estrategias para abogar ante el Gobierno Provincial y los representantes de Chubut. En sus palabras, "vamos a cerrar filas y acudir al Gobierno de la provincia y a los representantes de Chubut, para que tomen debida cuenta de la responsabilidad y de la huella ambiental que significó la explotación petrolera en todo este tiempo".

El intendente remarcó la importancia de que YPF no se retire sin resarcir, debidamente, el impacto ambiental y remediarlo. En sus palabras, "no sería justo que YPF se vaya sin resarcir debidamente este impacto ni remediarlo". Y expresó su deseo de que "toda la región lo escuche y que Nación se haga cargo y entienda esto. Pero, sobre todo, nos vamos a orientar a los actuales y futuros accionistas de la empresa". 

Los planteos del jefe comunal comodorense no atañen solo a su ciudad. Todas y cada una de las localidades de Chubut y Santa Cruz deberían plantear, públicamente, su posición frente a una temática que, más allá del debate ambiental, representa una millonaria inversión para dejar en condiciones áreas y pozos que padecieron por años, los embates propios de la actividad hidrocarburífera.

Del encuentro de Marín con Vidal y Torres, no trascendió detalle acerca de si YPF afrontará tales tareas antes de la entrega de los pozos, o si es parte del acuerdo con cada Gobierno Provincial contemplado dentro de la misma operación de reversión de áreas. Se trata de un costo millonario que, si no lo afronta la petrolera, no debería ser costeado ni asumido por ninguno de los gobiernos provinciales.