Santa Cruz

Qué espera el campo santacruceño con la llegada de Domínguez al Ministerio de Agricultura

Desde eliminar el cierre de la exportación de la carne, hasta agilizar el Consejo Agroindustrial y la aprobación de la tan esperada nueva Ley Ovina.

La llegada de Domínguez al Ministerio de Agricultura.
La llegada de Domínguez al Ministerio de Agricultura.
COMPARTÍ ESTA NOTA

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, celebró la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, al expresar el deseo de que "pueda ser el nexo que alguna vez fue con las federaciones" del sector, y reveló que ya se pusieron en contacto y acordaron un primer encuentro para la semana próxima.

"Hablamos con Domínguez y la semana que viene vamos a estar en una reunión para comenzar a llevar adelante los planteos", expresó el dirigente que integra la Mesa de Enlace de entidades rurales, según publicó Télam.

En ese marco, el titular de la Federación Agraria consideró que "hay algunos gestos de acción de políticas que se necesitan" y expresó el deseo de que "sean decisiones del Gobierno".

"Nos interesa la proyección a mediano y largo plazo, no nos interesa la elección política", remarcó Achetoni.

Para el referente del campo santacruceño, Miguel O´Byrne la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, podría “encaminar” los reclamos y demanda del campo en todo el país.

Domínguez –que ayer asumió formalmente en el cargo- ya fue Ministro en la cartera de Agricultura desde 2009 al 2011 –presidencia de Cristina Fernández- y permitió componer las tensas relaciones  entre el Gobierno nacional y el campo luego de la no aprobación de la Resolución 125 que establecía retenciones móviles al sector.

 “Creo que tendrá más peso específico que Basterra (ex ministro), y veremos si se encaminan las cosas, como por ejemplo con el cierre de las exportaciones de la carne, que no influyó en una caída real del precio de la carne”, dijo O´Byrne a TiempoSur.

El Presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz resaltó que aumentaron los precios de todos alimentos “incluso los no estacionales”.

Durante la gestión de Domínguez -recordó- se elaboró el Plan Estratégico Alimentario Argentino que debía diagnosticar los objetivos y producción de cada región del país. “Eso quedó ahí, no avanzó. Pero ahora existe el Consejo Agroindustrial que se creó en el gobierno de Alberto Fernández, y que está casi en la misma línea, con un plan de desarrollo de toda la cadena de producción primaria hasta la industrialización final del producto”, expuso.

El objetivo es la creación de 700 mil puestos de trabajo y exportación por 100 mil millones de dólares, aunque O´Byrne señaló que “falta la pata de la Mesa de Enlace” en la dirección de este Consejo para “completar la visión para que sea un buen plan”, algo que espera Domínguez concrete.

“Es muy posible que con la experiencia de Domínguez, esto se fortalezca y de esa manera con la Mesa de Enlace ir en pos de un objetivo que es muy bueno e interesante”, estimó.

 

-TS: ¿Qué medida o medidas que tome Domínguez pueden favorecer a Santa Cruz?

O´Byrne: Lo que se ha demorado es la Ley Ovina. Si bien estaba consensuada en Senadores y Diputados, no se bajó al recinto para tratarse. Y si no se baja al recinto en estos 15 días, se corre el riesgo que no haya Ley Ovina

Esta ley permite una gran línea de créditos nacionales por 850 millones de pesos, de los cuales a Santa Cruz le puede tocar entre 85 y 100 millones de pesos para todo un año. Esto es para todo el desarrollo ovino, eje principal de la producción santacruceña y por eso es absolutamente indispensable, porque es la única línea para acceder al crédito por el momento que existe en el país al respecto.

Domínguez, que proviene del Congreso, podría agilizar este objetivo para gestión y que el tema salga y esté establecido  para el presupuesto 2022, que es vital para la Patagonia y muy importante para Santa Cruz.

 

TS: ¿Qué otras políticas para el sector a largo o mediano plazo deberían concretarse?

Debemos ver cómo se encamina el Plan Ganadero, que es fortalecer el desarrollo de los vacunos en el país y crezca la producción de carne. Eso requiere un plan, que está bien visualizado, en cuanto a la falta de crédito, es decir, que sea razonable a mediano y largo plazo. Tenés ahí una herramienta fenomenal para la Ley Ovina que sólo hay que aprobarla, nada más. Otro punto es toda la infraestructura, como puede ser el mejoramiento del riego, producción de forraje, que requiere un crédito que sea tomable, ya que nadie se anima a tomarlo por la inestabilidad económica y falta de previsibilidad.

 

La nueva Ley

La Ley 25.422 sancionada en 2001 para la Recuperación de la Ganadería Ovina estuvo destinada a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos para la sostenibilidad. Esta ley comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comerciable ya sea de “animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas”.

Entre sus puntos destacados impulsaba “la adopción de modernas tecnologías que conducirán a incrementar los porcentajes de corderos logrados, incrementar la productividad por hectárea y mejorar la calidad de la lana. Tanto en el medio rural como industrial”.

Los objetivos fundamentados pasaban por “el aumento de ingresos netos y valor agregado, el desarrollo de recursos humanos, la mejora del status sanitario de las majadas, el aumento de la facturación global del sector, la conservación y mejora de los recursos naturales involucrados, la mejora en la calidad de todos los procesos y el aumento de stock ovino nacional”. La principal estrategia fue el “financiamiento adecuado y asegurado por Ley a fin de permitir el proceso de planificación a mediano y largo plazo”.

Durante los primeros 10 años, el Estado nacional aportó 20 millones de pesos anuales, y luego a través de la Ley 26.680 el Fondo se prorrogó por 10 años más y el monto mínimo a aportar se ajustó a 80 millones de pesos anuales.

COMENTÁ