El TSJ se empeña en restringir el acceso a la información judicial

El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. Esta afirmación se lee entre los argumentos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo cuando ponderó el derecho de acceso a la información pública, acorde a los artículos 14, 16 y 33, 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional.

Tal como lo informara TiempoSur oportunamente, en Santa Cruz rige una acordada que, si bien no es determinante,  hoy es esgrimida por jueces y fiscales de la provincia para no acceder a las requisitorias periodísticas.

La misma fue firmada el 18 de abril de 2013 por la presidenta, Clara Salazar y las vocales Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ludueña Campos mientras que Daniel Mariani y Enrique Peretti se encontraban de licencia.

El documento fue emitido tras que no cayeran bien las publicaciones de TiempoSur y otros medios, referidas al fallo del juez Alejandro Cabral que había sugerido al adecuación legislativa para acelerar la recuperación de viviendas usurpadas, cosa que luego fue ley.

“Que por todo lo expuesto y ante las declaraciones por parte de magistrados a medios masivos de comunicación,  que no se condicen con las circunspección a la cual están obligados, resulta oportuno exhortarlos a mantenerla, evitando trascendencia inadecuada y recordar que las relaciones entre los medios de comunicación y el Poder Judicial requieren pautas que aseguren la libertad de información como el derecho a que las mismas sean veraz, con el adecuado respeto de la función judicial y la obtención de sus fines y que deberán ser cuidadosos y prudentes en sus palabras y actos para no generar publicidad adicional o convertirse en foco de atención personal, evitando emitir expresiones que puedan ser mal interpretadas o sacadas de contexto; y que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a lo regulado por el Artículo 9 del Reglamento para la Justicia de la Provincia de Santa Cruz y a los acuerdos adoptados por este Alto Cuerpo respecto del tratamiento de conducta de magistrados, funcionarios y empleados y declaraciones efectuadas por magistrados a medios masivos de comunicación” reza parte del texto.

Hoy por hoy, obtener declaraciones de un magistrado santacruceño o de un fiscal, que no sea en calidad de off the record es, a excepción de algún caso, complicado porque básicamente todos argumentan que se les “prohíbe”.

Sin embargo, tampoco se puede acceder a los fallos, resoluciones o acordadas a través del sitio oficial de la Justicia, www.jussantacruz.gov.ar porque no hay actualización sobre estas decisiones trascendentes para la sociedad, sino más bien se dan a conocer acciones del “microclima” judicial, como son charlas o capacitaciones.

A nivel nacional, la Corte Suprema dictó el 21 de mayo la acordada Nº 15/13 en la que se establecen pautas para la publicación de todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas que suscriban los jueces de las Cámaras Federales o nacionales y los Tribunales Orales sin excepción, considerando que el cumplimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno es una exigencia ineludible para las autoridades públicas puesto que es inherente al sistema republicano de gobierno.

En Santa Cruz, los ciudadanos no pueden asistir a la transparencia de la gestión de la Justicia a través del conocimiento de sus decisiones, salvo que ellos convoquen a la prensa a raíz de algún cuestionamiento a su desempeño.

La sentencia es un acto de gobierno, razón por la cual está llamada a ser difundida. De hecho, en nuestro país se vienen dando debates y conferencias por la política comunicacional de la Justicia, aunque, según pudo conocer TiempoSur, el Tribunal Superior de Justicia local se resiste a crear este gabinete, pese a las sugerencias de algunos magistrados.