Aspiran cambiar la gestión de hospitales públicos a través de dos proyectos de ley

Dos iniciativas se encuentran en estudio con la finalidad de cambiar la gestión de los hospitales públicos de la provincia, ambas que serán presentadas próximamente en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y que –aunque se trata de dos modelos diferentes de gestión- persiguen la finalidad de mejorar la situación de la salud provincial.

Una de ellas está siendo elaborada por la Asociación del Profesionales de la Salud (APROSA), que pretende crear el Consejo Consultivo en hospitales de la provincia de Santa Cruz. La otra, un proyecto de ley del diputado Martín Paiva (PJ) destinado a transformar los hospitales provinciales en Sociedades del Estado, con la finalidad de dotarlos de mayor autonomía y optimizar la prestación del servicio.

Consejo Consultivo-Entre los argumentos que esgrime APROSA se sostiene que hasta el día de la fecha se ha ejercido en el funcionamiento de los hospitales, “una forma de gestión netamente verticalista que ha determinado un funcionamiento irregular y poco eficiente en todos sectores del nosocomio, sin procurar la búsqueda de una optimización y gestión proactiva, ni de los  recursos humanos, ni de los físicos, ni administrativos de las instituciones en la provincia”.

Sostienen que en general, se complica que un director o un administrador maneje en un todo el funcionamiento complejo de un nosocomio y les es difícil medir el efecto que una decisión provoca en el resto de las áreas en el corto y mediano plazo, sumada a la problemática de tener que fijar prioridades sin conocer acabadamente las problemáticas emergentes que tienen esas decisiones. También que la intervención de un Consejo Consultivo que asesore a las autoridades del hospital con la participación de todos los actores de la salud, procurara mejorar este tipo de problemáticas permanentes, y que se  presentan a diario en los hospitales, con la participación de autoridades,  trabajadores y usuarios

APROSA detalló en su proyecto –al que tuvo acceso TiempoSur- que el Consejo tiene por objetivo colaborar en la gestión de la Dirección del hospital, generando procesos de discusión y priorización de problemáticas a resolver dentro de un marco de respeto y responsabilidad de gestión asegurando un real mecanismo que garantice la participación de todos los sectores de la salud, en la perspectiva de generar procesos de mejoría de la atención de salud, y por lo tanto, la calidad de vida de la población usuaria.

Cómo se formará este ente consultivo, de la siguiente forma: Se efectuará una votación de un representante y un suplente, en el caso de los componentes que sean electivos, por cada una de los sectores que tienen representación en el Consejo, que serán elegidos en forma democrática y por votación con mayorías simples, en asambleas,  por los componentes de cada sector. Se efectuará con el padrón que figure en recursos humanos y que cumplan funciones en ese hospital en forma efectiva.

A las reuniones podrá asistir el socio titular y/o suplente. En caso de asistir ambos a reunión, el suplente tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Entre las atribuciones del Consejo estará asesorar al Director del hospital en la definición de los planes institucionales; asesorar al Director del hospital en la evaluación de los planes institucionales; realizar observaciones y sugerencias relativas a la gestión del establecimiento y procesos de mejoramiento, etc.

Hospitales como SE- Con una idea totalmente diferente, el diputado provincial Martín Paiva presentó en el inicio del período legislativo un proyecto de ley destinado a transformar los hospitales provinciales en Sociedades del Estado, con la finalidad de dotarlos de mayor autonomía y optimizar la prestación del servicio de salud pública.

“Se trata –explicó el Diputado- de un transformador modelo de distribución, tanto de recursos como de responsabilidades, que otorga un mayor poder de decisión a los actores directos, quienes así, considerando las necesidades de cada hospital, podrán resolver con rapidez y en función de las realidades locales”.

“De esta manera –complementó- podremos avanzar descentralizando la ejecución del presupuesto de salud. Cada hospital podrá establecer sus prioridades, y así generar condiciones que aumenten el compromiso de los profesionales y los trabajadores del sector”. 

“Al contar con mayor autonomía, podremos agilizar la gestión, mejorar la capacidad de respuesta, potenciar el servicio y así, federalizar las decisiones en materia de salud”, describió el diputado.

De acuerdo a la iniciativa, cada hospital deberá constituir un directorio integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, conformado por un Presidente, un Vicepresidente y un Vocal designados por el Poder Ejecutivo, un Vocal en representación de la primera minoría parlamentaria provincial que deberá ser profesional médico y un Vocal por el sector gremial. Con esto, se busca propiciar la participación, el control y la transparencia en el gobierno de la institución.

En referencia al financiamiento, Paiva explicó que “el proyecto de ley prevé transferir a las S.E. los servicios de salud, el personal, los edificios y todo el equipamiento. Asimismo, se asigna como mínimo el 75 por ciento del presupuesto correspondiente al Ministerio, debiéndose distribuir equitativamente los recursos considerando criterios como la complejidad y el número de camas de cada hospital. También existirá un plus cuando se trate del único centro de salud de la localidad”.

Para contribuir a la sustentabilidad de los hospitales, “resulta imprescindible consolidar un esquema de actualización permanente de los convenios con las distintas obras sociales y prepagas, para cobrar apropiadamente las prestaciones que se brindan a sus afiliados. De este modo, se complementarían los ingresos”.

“Este proyecto –estimó- abre la posibilidad de conducir y administrar hospitales como sociedades eficaces que tienen el mandato social de prestar el servicio público más sensible y esencial que requiere una comunidad”.

Las Sociedades del Estado están encuadradas dentro de la Ley Nacional 20.705, sancionada en julio de 1974. Son entidades regidas por el derecho público en las que se excluye toda participación de capitales privados y no pueden declararse en quiebra.