Desde la Asociación de Abogados postulan revisión y reforma del procedimiento penal

El presidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, Javier Stoessel, opinó ayer ante la ocurrencia reciente de procesos judiciales que resultan en la liberación de los imputados, tras haber permanecido presos, ocasionándose un perjuicio personal irreparable y postuló por una revisión y reforma del procedimiento penal, como así también por una policía judicial especializada para el seguimiento de la instrucción.

Consideró que hay un déficit a revisar en la instrucción, y para eso el mecanismo de policía judicial especializada, independientemente que también tiene que haber una reforma respecto al modo de designación de los fiscales, para que accedan a sus cargos por concursos, como los de magistrados. 

Al integrarse a la presidencia de la nueva comisión directiva, el 27 de septiembre último, Stoessel retomó la gestión por la conformación de un Colegio Público de Abogados, como cuentan casi todos los sectores profesionales, para regular su actividad.

Según contó a TiempoSur, hay en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, un proyecto de autoría del diputado por el Pueblo de Caleta Olivia, Alexis Quintana en ese sentido, y dijo que la intención es poder participar del debate, y apurar su sanción.

Al solicitarlo, ante el requerimiento de los legisladores, el sector presentó el 25 de noviembre pasado un pedido suscripto por más de 90 letrados del foro instando el tratamiento del proyecto de ley de Colegiación.

Stoessel destacó que esta solicitud fue suscripta por letrados, no sólo pertenecientes a la Asociación de Abogados de Río Gallegos, sino por abogados de distintos sectores, tanto de la administración pública provincial como nacional, y por quienes actúan en distintos sectores políticos. 

El aporte que hará la Asociación es por la aprobación de la ley que posibilitará la creación de dos colegios de abogados en nuestra provincia, uno en zona norte y el otro en zona sur. 

El abogado rescató que la ley de colegiación cuenta también con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia y la  opinión expresada de los legisladores también es favorable a su aprobación. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y el amplio apoyo manifestado no avanza en su tratamiento. 

De esta forma Santa Cruz se constituye en la única provincia del país en que no ha sido aprobada una ley de colegio público de abogados, como tienen la mayoría de los sectores profesionales. 

 

Colegiación. Como un claro ejemplo de la necesidad de contar con un Colegio de Abogados, lo señaló ante la ausencia del sector, en el tratamiento por parte de la Comisión de Legislación General del Poder Legislativo de un proyecto de Reforma del Código Procesal Civil de nuestra provincia.

Respecto al proyecto, lo consideró de avanzada, incorporando nuevos institutos que tienden a otorgar mayor celeridad al proceso judicial, e incluyendo nuevas figuras tendientes a la protección de intereses colectivos y de los consumidores, como los procesos de acción de clase. 

Como principales objeciones, señaló que se ha descuidado en algunos casos la debida protección del derecho de defensa de los justiciables imponiéndoles nuevas notificaciones tácitas en casos de trascendencia, mayor discrecionalidad para la admisión de elementos de prueba y en la forma de concesión de los recursos, limitando la procedencia del recurso de apelación y modificando la regla general en materia de los efectos de la interposición del recurso de apelación, que deja de ser suspensivo y pasa a ser no suspensivo, entendiendo que puede afectar el derecho de defensa de las partes, entre otras cuestiones. 

 

Estructura judicial. Evaluó que si bien el proyecto de reforma resulta de avanzada y con instituciones diseñadas para otorgar celeridad a los juicios (como los procesos de estructura monitoria), opinó que se ha descuidado el análisis de la estructura de recursos humanos y de infraestructura de nuestra provincia; y que “difícilmente puede implementarse si no se acelera la normalización de la estructura del Poder Judicial”. 

Observó Stoessel que el Juzgado de Familia posee un retraso muy importante en el dictado de sentencias y emisión de resoluciones, situación originada en parte por la falta de cobertura del Juzgado de Familia N° 1 durante dos años, periodo en el cual estuvo a cargo de ambos Juzgados el titular del Juzgado N° 2, y si bien recientemente se designó un nuevo Juez de Familia, la situación no se ha normalizado a la fecha por el retraso acumulado. Y que la situación de la Cámara Civil resulta similar. 

Este tribunal posee una estructura de tres Camaristas, de los cuales se encuentra solo uno en funciones, por renuncia de un titular y por licencia por enfermedad –ya de larga data- de otro de los vocales. La Cámara de Apelaciones, también en parte a raíz de esta situación, posee un retraso muy importante en el dictado de las sentencias. 

Esto motivó que el Tribunal Superior de Justicia adoptara como solución transitoria que los cargos sean subrogados por los Jueces de Primera instancia, lo que generó una presentación por parte de la Asociación de Abogados en tanto implicaba en los hechos la eliminación de la instancia de revisión y afectaba el funcionamiento de los propios Juzgados de Primera Instancia. 

De la misma forma, Stoessel consideró necesario revisar los procedimientos de selección de magistrados, tras observar lamentable lo ocurrido con el Dr. Carlos Muriete en el concurso para la cobertura de cargo en la Cámara Criminal, quien pese a haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación escrita, fue luego relegado en base a una entrevista. 

Estas situaciones provocan un desaliento para las postulaciones y generan una visión negativa sobre el proceso de selección de jueces que debe ser analizada, pues no puede ser ignorada la baja presentación por parte del sector profesional en los concursos para la cobertura de vacantes de magistraturas.