Política

Piden al Instituto de Energía que informe si se cobraron las acciones de YPF

Esas acciones son santacruceñas a partir de la Ley N° 3294, mediante la que se  aprobó el Acta Acuerdo firmada en noviembre del año 2012 entre el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido y el gobernador por la provincia, Daniel Peralta.

  • 28/10/2014 • 00:00
Bubola y Roquel insisten con el Pasivo Ambiental de U$S 3.500.000.000.
Bubola y Roquel insisten con el Pasivo Ambiental de U$S 3.500.000.000.

En su artículo primero, el proyecto que lleva las firmas de Estela Bubola y Héctor Roquel, solicita al organismo a cargo de Juan Antonio Ferreiro, que remita a Diputados información respecto de “si las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima (Y.P.F.S.A.) que fueron transferidas a la provincia se encuentran canceladas en su totalidad o en parte y de qué forma se realizó el pago”.

Esas acciones son santacruceñas a partir de la Ley N° 3294, mediante la que se  aprobó el Acta Acuerdo firmada en noviembre del año 2012 entre el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido y el gobernador por la provincia, Daniel Peralta.

En dicha Acta Acuerdo se establece en el Artículo Segundo que “el precio que deberá pagar la provincia de Santa Cruz al Estado nacional por la cesión de la participación de Santa Cruz, será el que resulte del precio unitario por acción efectivamente pagado por el Estado nacional en concepto de indemnización por el proceso expropiatorio derivado de la Ley 26741”. Y en su Artículo Tercero dice que Santa Cruz  “pagará al Estado nacional a cuenta de precio 60 cuotas mensuales de U$S 1.000.000 (un millón de dólares).

Pero la duda de los parlamentarios de la oposición radica en que “nada dice dicho Acuerdo del Pasivo Ambiental de U$S 3.500.000.000 (tres mil quinientos millones de dólares) reclamado mediáticamente por el Gobernador de la provincia y que debería haber formado parte de dicho Acuerdo”.

En los argumentos del proyecto presentado, sostienen también que tampoco nada se conoce sobre “la devolución de las áreas que habían sido canceladas a YPF antes de la expropiación ni de las nuevas áreas otorgadas sin licitación ni concurso”.

Es por todo ello que entienden necesario “clarificar a esta Cámara en particular y a la ciudadanía en general, si realmente se han pagado dichas acciones y en qué forma, si se ha tenido en cuenta la deuda de Y.P.F. S.A. por pasivo ambiental, o algún tipo de canon por las áreas devueltas y/o las nuevas áreas otorgadas”.

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