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Confirman procesamiento a miembros de la UOCRA por golpiza en 28 de Noviembre a docentes

Se trata de García, Carlos Eligio; Aguilar, José Antonio; Martínez, Juan Domingo; Bulacio, Víctor Hugo y Lima, Hugo Francisco, por los delitos de Coacción Agravada por el empleo de armas. Los docentes y estatales fueron víctimas de una feroz golpiza en la localidad de 28 de Noviembre, el día 12 de abril de 2011, en manos de miembros de la UOCRA, que acompañaba a un acto al gobernador Peralta.

20/05/2013 • 00:00

Procesamiento “golpiza 28 de Noviembre”

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En un comunicado de prensa la ADOSAC informó: "En estos días se ha dado un paso más en la búsqueda de justicia para los compañeros docentes y estatales que fueron víctimas de la feroz golpiza en la localidad de 28 de Noviembre, el día 12 de abril de 2011, en manos de la patota de la UOCRA".

Fue confirmado el procesamiento de todos los imputados a saber: GARCIA, Carlos Eligio; AGUILAR, José Antonio; MARTINEZ, Juan Domingo; BULACIO, Víctor Hugo y LIMA, Hugo Francisco, por los delitos de Coacción Agravada por el empleo de armas (Art. 149 ter primer párrafo de CPA), lesiones leves calificadas por el concurso premeditado de personas - doce hechos - ( Art. 92 en función del Art. 80 Inc. 6 del CPA), lesiones graves calificadas por
el concurso premeditado de personas (Art. 92 en función del Art. 80 Inc. 6 del
CPA), todo ello en concurso real entre si (Art. 55) en grado de coautores (Art. 45)
y a SOCOMBA, Ricardo Rubén, los mismos delitos más daños y amenazas (Art.183 y 149 bis CPA) en grado de autor, por el Juzgado donde había sido recurrido el procesamiento. A pesar de lo contundente de la Sentencia, se presentaron los procesados, y apelaron, encontrándose para resolver su petición.

Es importante saber que el proceso ha superado una segunda instancia aunque la apelación pueda continuar ante la Cámara de Casación. Creemos, que el avance de esta causa está relacionado con una línea histórica de nuestro sindicato, a saber, llevar hasta las últimas consecuencias todas aquellas causas flagrantes para la clase trabajadora y que han tenido el único objetivo de disciplinarla. El gobierno provincial, máximo responsable de este nefasto suceso, debe dar explicaciones y pagar por su acción criminal. Autores materiales e intelectuales deben ser juzgados con la máxima dureza por un poder judicial que deje de una vez y para siempre de ser un apéndice funcional del poder político y comience a legitimarse frente a la sociedad a través de un fallo que dignifique a los compañeros golpeados y a la propia justicia.