Desde el mes de marzo los afiliados a la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP), definieron un pedido de aumento salarial del 36% para los trabajadores provinciales.
A poco de conocer la convocatoria que haría la provincia a mesa paritaria, el secretario Adjunto del gremio, Francisco Pérez, indicó ayer que los trabajadores de la 591 tienen paciencia “pero llega un momento en que esa paciencia se agota”.
Aumento para todos- El sindicalista del otrora poderoso gremio estatal, vio con buenos ojos que el Estado provincial llame la semana próxima a las asociaciones sindicales para hablar de la situación de las finanzas, lo que dijo será aprovechado por APAP para poner sobre la mesa el reclamo salarial.
En el mismo sentido, Pérez consideró que se repite frecuentemente que no hay dinero para aumentos, pero este año ya arreglaron sus salarios los trabajadores municipales de Río Gallegos y los agentes de la policía provincial.
“Si hay para un sector tiene que haber para todos, sino el mensaje que queda es que hay que hacer lío para que te den un aumento”, manifestó a este medio el adjunto de APAP, al tiempo que remarcó que hasta el momento el personal no recibió la respuesta que esperaba.
Finalmente informó que el lunes enviaron una nota pidiendo una citación urgente a paritarias ante las declaraciones -que habían aparecido en TiempoSur- del ministro de Economía, Ariel Ivovich, pero que ante la aclaración del funcionario, entendieron que no había una decisión unilateral de no discutir pauta salarial.
Otros pedidos- Pero APAP no es el único sindicato de la administración central que reclama aumento salarial desde comienzos de este 2012. Los gremios que agrupan a la Mesa de Unidad Sindical (MUS) solicitan un 35% de incremento en los salarios, aunque en las últimas horas ya adelantaron que podrían “actualizar” esa cifra debido al crecimiento del costo de vida por la inflación.
Dentro de la MUS (Ver recuadro) se encuentran los gremios más díscolos, aquellos que ya le han planteado otros años fuertes reclamos al gobierno de Daniel Peralta, como los docentes de ADOSAC, los judiciales provinciales, el personal legislativo, viales y personal agrupado en ATE y ATSA, entre otros.
Respecto de las declaraciones del ministro Ivovich sobre la imposibilidad de repetir un aumento como el dado a la policía, en las últimas horas el secretario general del gremio de los Viales, Leonardo García, indicó que son declaraciones “similares a las que hizo el gobernador Peralta en su momento, cuando dijo que todo el desastre económico es a raíz de los docentes y los petroleros, pero esto no es así y cualquiera que ve y analiza las cosas ve que lo que buscan es la desunión de la población”. Indicó.
Otro de los integrantes de la MUS que se refirió al tema fue Pedro Muñoz, de ADOSAC Río Gallegos, quien aseveró: “Es una vieja discusión que hay con el Gobierno respecto a los recursos y cuánto se destina a salarios. En esta cuestión del aumento logrado por el sector policial, se refleja una posición, porque el Gobierno no estaba en condiciones (de otorgarlo) y ahora aparece este hecho que se ha logrado en el reclamo, que obviamente pone en discusión realmente la condición de la provincia”, dijo.
Duro comunicado de la MUS dirigido al Gobierno
La Mesa de Unidad Sindical (MUS), envió ayer un comunicado de prensa donde cuestiona duramente la política económica del Gobierno provincial, particularmente su relación con la discusión salarial.
Asimismo, contestaron lo que consideraron acusaciones del gobernador Daniel Peralta en medio del conflicto con la policía, al sostener que los integrantes de esa mesa “no somos golpistas ni desestabilizadores ni vendemos humo y, muchos menos, irresponsables”.
Tras hablar de una “pésima forma de gobernar que ha tenido el FPV (Frente Para la Victoria), hemos visto desmoronarse el sistema de salud, el de educación, el de justicia, el de previsión social, el de seguridad, el de Vialidad Provincial y Municipalidades quebradas, aun cuando habíamos denunciando y advertido desde hace años, a través de luchas sindicales, el desastre administrativo y la ingobernabilidad que hoy vivimos”.
Entre otras cosas, indicaron que es “inmoral” que el Gobierno hable de paciencia, de entendimiento y de diálogo, “cuando cada reivindicación social y salarial fue el resultado de largos procesos de intolerancia gubernamental, revanchismo político y represión indiscriminada”.