Nueva oleada de usurpaciones a casi un lustro de los primeros asentamientos

La falta de tierra fiscal, atado a las demoras de gestión y expropiación de tierras a la Armada, Ejército, y de ampliación del ejido urbano de Río Gallegos, para incluir legalmente a los nuevos sectores urbanizados y en permanente crecimiento, trae aparejados, entre otros problemas, carencias de servicios, sanidad, educación, controles bromatológicos e inspecciones de comercio.

A todo esto, se agrega la situación de miles de vecinos, que esperan ya por un terreno para edificar su vivienda, o aspiran a una vivienda de las que distribuye el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuando estas últimas se entregan en cuenta gotas, y el Municipio no dispone de tierra fiscal para adjudicar.

Cuando la necesidad no justifica la ilegalidad de las acciones, nos encontramos ante una nueva oleada de usurpación ilegal de tierra fiscal, en lotes del barrio Néstor Kirchner (ex Los Lolos), como a fines de 2007 fue en terrenos de la Armada y del Vaciadero, en una situación a todas luces hoy naturalizada.

Hace poco más de un año, el 10 de marzo de 2011, el gobernador Daniel Peralta señalaba un avance en la Cámara de Diputados para incluir en la traza urbana al Barrio San Benito, considerando que “ya es hora de concretarlo”, en tanto habló de “una decisión política”.

El por entonces secretario de Obras Públicas Roberto Giubetich sostenía por su parte, la necesidad de una acción conjunta del Municipio con la Provincia,  para delinear una tarea conjunta, para dotar a esos sectores de los servicios de agua, luz y gas, cloacas y desagües pluviales.

Para el funcionario, no era sólo una decisión política, sino también económica, y sostenía que la ley de ampliación del ejido urbano, debe acompañarse de un convenio Provincia- Municipio.

Mientras tanto, las respuestas parecen obedecer a la presión que ejerce una situación en crecimiento, y a la buena voluntad de los funcionarios de turno y es así que hoy encuentra a la Municipalidad a través de su Secretaría de Obras Públicas, sentada a una mesa con las empresas de servicios de gas y electricidad, para planificar una dotación de servicios a largo plazo, para disponer de unos mil lotes a distribuir en sucesivas gestiones municipales.

No obstante, sigue demorada la decisión política de incorporar a todos esos nuevos sectores urbanizados, en un extenso cordón que se extiende desde la zona de chacras, hasta el Aeropuerto, y con ello la posibilidad de incorporar a miles de vecinos como nuevos contribuyentes comunales, con todos los derechos de asistencia y servicios, pero también, las obligaciones como tales. Se calcula que sólo en San Benito son casi 4 mil las familias residentes.

En la Legislatura
Mientras tanto, en la Legislatura, estamento del que depende esta decisión, descansa en comisiones, a punto de caducar por artículo 108 del Reglamento Interno del Cuerpo, un proyecto del diputado mandato cumplido Jorge Cruz (UCR), proponiendo ampliar en más de un 50 % del ejido urbano de Río Gallegos, descansa en las comisiones.

Pide sumarle 4.500 hectáreas a la superficie urbana actual de Río Gallegos, que alcanza las 8100, abarcando la ampliación, entre otros, a los sectores del San Benito y Padre Olivieri.

“Propiciamos la ampliación del ejido, comprendiendo la superficie delimitada entre la ruta 3 Acceso Oeste, el límite oeste del actual ejido, la Ruta 3 Acceso Sur, el ramal ferroportuario a Punta Loyola hasta la Av. Asturias, por este camino hasta la línea imaginaria situada aproximadamente en la longitud SUR 61° 27’ 49” aproximadamente, hasta su intersección con Ruta 3, Acceso Oeste”, reza la iniciativa.

En la fundamentación, el entonces legislador atendía tanto la situación de los asentamientos ilegales en reclamo de tierras, como la existencia de unas 7 mil peticiones de terrenos en el Municipio, que no pueden ser satisfechas.

El proyecto que  tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria del jueves 13 de mayo pasado, involucra en la urbanización de la superficie a incorporar al ejido urbano, al Municipio y a la provincia, a través del IDUV, planificando reservas de superficies para espacios verdes y uso comunitario: escuelas, gimnasios, salud pública, seguridad, plazas.

Al mismo tiempo, al ser prácticamente tierra de nadie, cabe preguntarse, quién se ocupa de controlar a las extensiones barriales en cuanto a habilitaciones comerciales, e inspecciones bromatológicas, sin contar que estos comercios tampoco contribuyen como corresponde.

Así las cosas, alcanzan no sólo a los recurrentes San Benito, Bicentenario y Los Lolos, sino también al Barrio Padre Olivieri, entre otros loteos con destino residencial extendidos sobre la Ruta 3 hasta la altura del Aeropuerto, como los denominados APAP, Servicios Públicos, “7 de Julio” 1° y 2° etapa, ADOSAC.

Ordenamiento territorial
Otras sendas iniciativas de autoría de Cruz, en la preocupación por dar solución al problema de falta de tierra fiscal, y que descansan en comisiones de la Legislatura, una ingresada el 21 de octubre de 2009, es un proyecto de Ley por la incorporación al Municipio, previa expropiación por parte del Estado Nacional y su traspaso a la provincia, de las tierras de la Armada. Y al 11 de noviembre de 2009, el proyecto de resolución solicitando a la provincia, la gestión ante el Gobierno nacional, por unas 60 hectáreas del Ejército.

Para la iniciativa de ampliación del ejido urbano, Cruz menciona como antecedente, un trabajo de “Ordenamiento territorial del área adyacente al ejido municipal”, realizada en el año 2000 por el Centro de Investigación Elsa Barbería de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que hace doce años ponía sobre el tapete una problemática vigente y en franco crecimiento.