Santa Cruz no resolvió si aplicará el aborto no punible

La Corte Suprema de Justicia resolvió el pasado 13 de marzo y por unanimidad, que la interrupción del embarazo en gestaciones producto de cualquier tipo de abuso sexual nunca resultará punible y añadió que, por ello, no será necesaria la intervención de la Justicia para autorizar un pedido de ese tipo ante médicos y hospitales.
Salta y La Pampa adelantaron que no aplicarán este fallo del máximo tribunal, aunque Tierra del Fuego y La Rioja dijeron lo contrario.
Santa Cruz todavía no ha resuelto qué posición tomará ante este delicado tema, que surge meses después que comenzara a discutirse en el Parlamento  la legalización la interrupción del embarazo en nuestro país.

No decidió  
“No tomamos posición al respecto. Estamos estudiando el tema”, indicó a TiempoSur el ministro de Salud, Dr. Daniel Peralta.
Sin embargo, el funcionario afirmó que desde su creación se aplica el protocolo de aborto no punible que dispuso el ex ministro de Salud, Ginés González García, durante la finalización d su gestión en el 2007. Este precisa que se permite en algunos casos cuando: corre riesgo la salud de la mujer; cuando hay una violación (la paciente debe aportar la denuncia policial o hacer una declaración jurada) o cuando el embarazo “proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. (En este último caso hace falta el consentimiento del representante legal).
Peralta sostuvo que la provincia analiza el modo de aplicarlo en base a la “objeción de conciencia”, argumento que podría aducir un profesional de la salud para negarse a realizar un aborto en este tipo de casos.

Conciencia
Pero la “objeción de conciencia”, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos es "inconstitucional", según señalan algunos legistas, como es el caso de Stella Maris Manzano, quien también es ginecóloga. “El fallo desconoce la llamada objeción institucional y, por el contrario, exige al Estado y a las instituciones garantizar el acceso a las prestaciones de salud sexual y reproductiva sin derivaciones ni demoras”, sostuvo en declaraciones a medio nacionales.

Declaración
“El tema es muy importante porque lo que sacó la Corte Suprema no es un fallo, es una declaración que intenta aclarar el artículo 86 del Código Penal (inc. 2) el cual no ha sido modificado, de modo que lo dicho por la Corte Suprema es inconstitucional”, sostuvo la Dra. Carina Regemsburger,  representante la  “Red Federal de Familia” en Santa Cruz.
La letrada pedirá una reunión con el Ministro de Salud luego de Semana Santa para plantear la posición  de esta ONG.  Además,  Regemsburger trabaja en el área legal del hospital de Caleta Olivia “Pedro Tardivo”, y dice conocer de cerca esta realidad.
“Hay que contener a la mujer y generar política de acción positiva. Esto se ha hecho en el caso del hospital de Caleta Olivia. Pero también hay que decir que no han sido  muchas las mujeres   embarazadas producto de violación, no todas las violaciones  son fértiles, y en el eventual caso que tenga la desgracia de quedar embarazada , un delito no se puede tapar con otro delito”, marcó.  
Incluso sostuvo que hubo casos de mujeres que han llegado al final del embarazo con la “grata satisfacción” de conservar al bebé y no darlo en adopción, aunque opinó:  
“Si la mujer no quiere una vez que da a luz tenerlo, existe el instituto de la adopción ¿Por qué matar a una víctima si la pena de muerte está prohibida?”, se preguntó.
Dijo que mantuvo conversaciones con médicos del nosocomio, los cuales “están horrorizados” si debieran aplicar el protocolo. “A los médicos les  pude causar un agravio a su profesión, por una aclaración de la Corte Suprema de Justicia que no está legislada”, indicó.  
(Fuente: TiempoSur-Télam).