José Luis García es un Coronel retirado. El hombre tuvo un rol clave ayudando al teniente general Benjamín Rattenbach, cuyo informe se dará a conocer en los próximos días por orden del gobierno nacional.

En dialogó con Democracia, el coronel manifestó su alegría por la decisión de Cristina Fernández. Mediante la resolución 15/82, el gobierno de Reynaldo Bignone creó una comisión para analizar el desempeño argentino durante el conflicto bélico.

El resultado es preocupante para con las Fuerzas Armadas, especialmente con sus líderes, la Junta Militar y las fuerzas navales comandadas por Alfredo Astiz. El informe, denominado “Informe Rattenbach” amenaza con ser devastador.

García recordó: “Se hizo todo como principiantes, sin saber muy bien cómo adecuarse a la realidad. Todo lo que no se tenía que hacer se hizo. Era un ejemplo de mal trabajo. Mire, hay cosas increíbles, por ejemplo que se designe a Menéndez como gobernador militar del territorio, aunque al mismo tiempo era comandante militar de la región. Y dependía de un comandante del teatro que nunca llegó a las islas porque se quedó en Comodoro Rivadavia. Una serie de anomalías que, para cualquiera que entienda un poco de estrategia militar, son vergonzosas. Cada acción estaba reñida con el sentido común”, definió.

También opinó sobre la mala conducción: “Yo lo atribuyo a la mala relación entre las tres fuerzas. Se hizo la guerra para ver si se salvaba de alguna manera el proceso, que estaba muriendo. Y cada uno pensaba de forma diferente cómo se debían hacer las cosas. Se tomaron decisiones difíciles de explicar, como que no participara la flota: los barcos de guerra estuvieron escondidos en sus puertos de origen para no participar. Eso se va a encontrar cuando se analice públicamente el informe”, agregó.

Por último, el coronel aseguró que el "Informe Rattenbach" asignaba fallas de conducción a Leopoldo Galtieri que, juzgadas con el Código Militar de la época, significaban pena de muerte: “No se pidió directamente, pero encuadró conductas de los altos mandos responsables y de dos ministros – Relaciones Exteriores y Economía- en artículos del Código de Justicia Militar de la época que determinaban la pena de muerte. El no pidió la pena porque no estaba autorizado, pero el Consejo Supremo los debía juzgar de acuerdo con ese informe”.

Además concluye: “Las declaraciones públicas seguían el objeto de exaltar el sentimiento nacionalista en la población, fueron imprudentes y resultaron contraproducentes al objetivo de lograr una solución negociada al conflicto”.

En este número de Democracia, un adelanto exclusivo del documento.

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