"Se está vendiendo lo que está bajo tierra", dice la oposición.

10:00 - "Se está vendiendo lo que está bajo tierra", dice la oposición.

Desde la oposición y ONG ambientales volvieron a cuestionar la política del Estado en el control y el beneficio económico. En tanto, Peralta pidió un plan de obras para que una vez que las empresas se vayan, dejen infraestructura en la zona. 

La venta millonaria de un yacimiento minero cercano a Perito Moreno desató controversias en ONGs y en la propia oposición, quienes cuestionaron la falta de control estatal en materia de medioambiente y los beneficios económicos que quedan para las regiones alcanzadas por la actividad.
Se trata del emprendimiento adquirido por GoldCorp a Andean Resources por 3.400 millones de dólares, lo que la ubica en la transacción entre empresas más grande de la historia del país. La primera es una de las empresas mineras más importantes del mundo, que concretaron la transacción en 3.400 millones de dólares, lo que duplica largamente el presupuesto provincial para este 2010.
Ayer, hasta el propio gobernador Daniel Peralta habló de la minería tras su paso por Perito Moreno y pidió un plan de obras a la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), para que dejen infraestructura una vez que se termine la explotación de los minerales.

Críticas

Sobre el tema en cuestión, el programa “En una hora”, que se emite por Tiempo FM, dialogó en horas de la mañana con el representante de la Asamblea Ambiental, Eduardo D'Elía, quien comentó que su preocupación pasa por los recursos naturales y esta cifra de venta de este emprendimiento “realmente es increíble”, porque nunca se había dado en la provincia y agregó que ni siquiera en el ámbito petrolero se han visto cifras tan abultadas.
“Acá se está vendiendo lo que está bajo tierra, que aún no se sacó y donde no hay instalaciones anexas que puedan llegar a tener algún valor agregado”, indicó.
Luego sostuvo que lo que ellos hicieron fue compararlo con lo que los santacruceños necesitan para subsistir durante un año, ya que esta cifra duplica largamente el presupuesto anual que tiene Santa Cruz para salud, educación, obras públicas y seguridad.  “Entonces, esto es increíble sabiendo que entre dos privados se venden los recursos de los santacruceños”, señaló y para finalizar apuntó que no hay equivalencias entre lo que se llevan las empresas mineras y lo que dejan en las comunidades.
Es importante destacar que la actividad minera dejó en Santa Cruz durante el 2009, 27 millones de pesos, según información dada a conocer por la Secretaría de Minería.

Policías mineros

Por otra parte, conocida la información sobre la transacción económica de las mineras GoldCorp y Andean Resources, diputados provinciales de Santa Cruz pertenecientes a los bloques de la UCR y EC, presentaron en la Legislatura un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo provincial, que se incremente la cantidad de policías mineros en la órbita de la Secretaría de Minería, acorde a la actual envergadura de la actividad minera.
También desde la oposición parlamentaria demandaron que se informe a la Cámara las empresas mineras que han sido sancionadas y multadas desde el año 2004 a la fecha, como así también las causas que determinaron las sanciones o multas.
Cabe remarcar que recientemente tanto el titular de Fomento Minero Santa Cruz (FOMICRUZ), Miguel Ferro, como el secretario de Estado de Minería, Oscar Vera, reconocieron que sólo hay un policía minero en la provincia.
La diputada Nadia Ricci (UCR), sostuvo que la iniciativa tiene como finalidad la designación de un mayor número de policías mineros en un plazo perentorio, con el objetivo de garantizar en su totalidad que “los derechos ambientales de la población santacruceña sean totalmente resguardados y se cuente con presencia del Estado, como fiscalizador, en cada una de las explotaciones, como así también la remisión de un informe en el que consten empresas sancionadas por incumplimiento de normas vigentes y las causas que determinaron esas sanciones”.
En los fundamentos del proyecto, se indica que según datos de la Agencia de Informaciones Mineras de Santa Cruz (AIMSA), en el año 1997 Santa Cruz tenía afectada a la actividad minera un millón de hectáreas y que en la actualidad esa cifra ha aumentado a cinco millones y medio de hectáreas, que hay aproximadamente cuatro mil quinientos expedientes en la Secretaría de Minería entre impactos ambientales, concesiones y producciones mineras. “Esto es cuantioso para dar cumplimiento al compromiso que deberían llevar los policías mineros, si tenemos en cuenta que existen proyectos con una mínima inspección realizada anualmente, que crea en la población una incertidumbre de si realmente las empresas mineras cuidan el medio ambiente y mucho más cuando el titular de la Secretaría de Estado de Minería declara que dentro de su evaluación “en todas las inspecciones que ha visto, existe un grado de cumplimiento importante”,  pero no dice que sea absoluto, “que las empresas productoras tienen un alto acatamiento”, pero no en su totalidad. El trabajo a realizar no es óptimo cuando se carece de personal idóneo, y lo que se pretende con este pedido, es justamente tener policías mineros que certifiquen verazmente que los procesos son llevados a cabo con  equidad y persistencia, lo que se dificulta si tenemos presente que la Secretaría cuenta en la actualidad con un solo policía minero”, reprueba el arco opositor en la Legislatura.  
El proyecto de Ricci fue respaldado por el presidente de su bloque, Omar Hallar, y por la legisladora de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán. La Comisión de Desarrollo e Industria estudiará la iniciativa de la oposición y decidirá si la ingresa al recinto para su tratamiento.