Ministro Diego Robles (H. C).

09:26 - Ministro Diego Robles (H. C).

El ministro de Economía, Diego Robles, dijo ayer que el manejo exclusivo y absoluto de las altas y las bajas del padrón de prestadores, sigue siendo potestad de la Caja. En tanto, desde el Colegio Médico no dan el tema como completamente cerrado.

Por una semana el conflicto de la Caja de Servicios Sociales (CSS) y el Colegio Médico zona sur, mantuvo en vilo a los más de 100 mil afiliados a la obra social de la provincia. Con el conflicto casi destrabado –todavía quedan algunos temas en discusión- el Ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia dio a conocer ayer algunos pormenores de la propuesta que pareció encausarlo.
Robles reconoció en el programa “En una Hora”, que se emite por Tiempo FM, que era un conflicto que les preocupaba y que se había llegado a una situación con posiciones antagónicas que no les permitían ponerse de acuerdo a las partes.
“Básicamente –explicó- nosotros sostenemos la potestad de la obra social de definir su modalidad de contratación con los prestadores y obviamente el manejo exclusivo y absoluto de las altas y las bajas del padrón de prestadores”.
Robles indicó que tal cual lo indicaban las solicitadas publicadas en su momento y las declaraciones de los distintos funcionarios, la forma en que los convenios habían sido denunciados no era la correcta y que los mismos seguían vigentes.

Respeto
Por otro lado, respecto del pedido de reconocimiento como entidad que hizo el Colegio Médico, el Ministro de Economía expresó que, aunque se mantengan los convenios individuales, el que se sienta a negociar es la propia institución de profesionales. A esto, añadió que muchas veces, inclusive, lo que se pacta con los colegiados se baja a aquellos que no se encuentran dentro del mismo.
“Buscando una salida a todo esto, la obra social va a aceptar el poder que los profesionales le den al presidente del Colegio Médico para que los represente en todo lo que tenga que ver en la negociación de valores, con los cobros y con los posibles reclamos y la relación que puedan llegar a tener los médicos colegiados con las autoridades de la obra social”, explicó Robles.

Los siete puntos
Más adelante, el funcionario provincial aclaró que esperaba que tanto el presidente del Colegio, Dr. Horacio Córdoba como el interventor de la Caja de Servicios Sociales, Fabio Vázquez, puedan darle forma a estas ideas y plasmarlas en un acto acuerdo.
Robles resaltó que allí también estarán los otros seis puntos acordados antes que cayeran las prestaciones a los afiliados, entre ellos el aumento del 20% en los bonos de consultas pagaderos en dos cuotas de 10% cada uno, la primera retroactiva a julio y la siguiente en octubre.
El reconocimiento “lo hemos tenido siempre para con el Colegio Médico”, sostuvo Robles, al tiempo que agregó que se trata de una institución a la que respetan y con “la que nos interesa trabajar mancomunadamente”.

“Fines personales”
Al Ministro de Economía parece no haberle pasado desapercibido el rol que jugaron algunos médicos en el conflicto. Sostuvo que conoce el medio por haber pasado por un policlínico y por la propia Caja de Servicios Sociales como interventor, por lo que sabe que “hubo algunos que intentaron utilizar la institución con fines personales y con motivaciones políticas”.
“Celebro que en la asamblea de ayer (por el miércoles) haya primado un criterio de razonabilidad sobre algunas posiciones políticas personales que, lejos de pensar en la gente, en lo mejor para el Colegio y lo mejor para la obra social, piensan en cuestiones que puedan afectarle al Gobierno extendiendo un conflicto para sacar algún tipo de rédito”, dijo.
Sobre esto último, el Contador destacó las solicitadas aparecidas en La Opinión Austral los días sábados y domingo pasados, las que adjudicó a un sector político interno del Colegio y no a la presidencia del mismo.
Cabe destacar que ayer el Colegio le devolvió el acta a la CSS con algunas observaciones que no hacen al tema de fondo, pero bajo la supervisión de los abogados de la AMRA, que no pondrían el acuerdo en peligro pero que mantiene aún a los profesionales en estado de alerta.