A dos años de la renuncia de Cantín, la Justicia no avanzó en ninguna de sus causas

“Sé cómo está la ciudad y todo lo que está pasando pero la verdad es que no quiero emitir opinión porque no es mi intención agitar las aguas. Yo acá estoy tranquilo, preferiría no hablar”. Esa fue la respuesta de Raúl Cantín, a dos años desde que dejó la Municipalidad de Río Gallegos, tras una fuerte crisis política local, atravesada por denuncias por corrupción y en medio de un paro de municipales que superó los cien días.

El Intendente -que actualmente vive en Buenos Aires- renunció durante la media mañana del 24 de julio de 2015. Los rumores corrían desde hacía días y se confirmaron en momentos en que Máximo Kirchner visitaba por primera vez los estudios de Tiempo FM y le reclamaba públicamente que terminara su mandato. “…Cuando terminemos el programa me pondré al tanto, pero la verdad es que si lo hizo es un acto de irresponsabilidad”, lanzó el entonces candidato a diputado nacional.

El SOEM conducido por Pedro Mansilla exigía un 15% de aumento acordado en una paritaria del año anterior. El reclamo motivó actos de violencia contra edificios públicos, bloqueos de las maquinarias, quemas de cubiertas que obligaron a evacuar colegios, escraches a viviendas de los funcionarios y hasta un basurazo, transmitido casi en vivo por un drone de Canal 13.

Cantín tenía para entonces un escasísimo capital político y un pálido respaldo del FPV y del peraltismo, como consecuencia de una denuncia penal que le hizo el Tribunal de Cuentas. En mayo de 2014 una auditoría destapó movimientos irregulares en cuentas bancarias, en la adquisición de maquinaria, contrataciones directas, licitaciones y demás, como la compra de pan por casi un millón de pesos, que quedará en el anecdotario local.

La denuncia que se hizo a fin de 2014, también incluyó al secretario de Hacienda, Luis Menéndez, el contador Rafael García, al tesorero Fabián Kroger y al secretario de Obras Públicas y Urbanismo José Zavaley.

También ese año, los concejales Pablo Fadúl y Jorge Gareca acudieron con su abogado, Evaristo Ruiz, a los estrados de Rosana Suárez a denunciar a Cantín, el secretario de Gobierno, Roberto Toledo y a Zavaley, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, por la venta del terreno fiscal ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Ramón y Cajal, a la empresa Labsur SA.

Esta denuncia se sumó a otras dos, por irregularidades en la obra de pavimentación de la avenida San Martín y los movimientos de suelo vinculados al vaciadero. Según confirmó ayer Fadul a TiempoSur “nunca nos llamaron a declarar, sólo nos pidieron que ratifiquemos la denuncia y eso hicimos, pero después nunca supimos nada”.

También en julio de 2015, el SOEM realizó una denuncia penal en el juzgado de Quintana, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Cuando se fue Cantín, el presidente del Deliberante, Pablo Grasso, protagonizó un periodo de transición que logró llegar a un acuerdo con el SOEM, que terminó acepando un porcentaje muy por debajo del 15%.

Ley de Lemas mediante, Giubetich asumió la Intendencia y también denunció a Cantín, el 24 de febrero de 2015, por no haber construido el Centro Integrador Comunitario (CIC) en el Bicentenario, por 1.7 millones financiados por Nación. En este sentido, vale decir que Giubetich nunca comulgó con la idea de una porción de riogalleguenses que quería que Cantín se fuera. El Presidente del Comité radical local incluso se ocupaba de desmarcar al partido de los pedidos que hacía el bloque en el Concejo Deliberante.