Tras conocer que podrían archivar la causa, Chávez pidió juntar "para la destitución de los jueces”

17/07/201707:41

La abogada que integra la plataforma interamericana de DDHH, Ana Chávez, se refirió a la polémica por la inminente prescripción de la causa Las Casitas, donde se rescató a más de cien víctimas de trata explotadas en Río Gallegos. “Fue un sitio de vejación y tortura impunizado por la Justicia”.

Tras conocer que podrían archivar la causa, Chávez pidió juntar  
Ana Chávez, integrante de la PIDH y del Observatorio de Trata.
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La semana pasada, TiempoSur dio a conocer que la causa originada en junio de 2009, cuando la jueza Ana Cecilia Alvarez clausuró los veinte prostíbulos ubicados en inmediaciones de la Terminal y se rescató a 111 víctimas de explotación sexual, está a punto de prescribir.

El dato surgió a raíz de que se conociera la existencia del quinto pedido de la Fiscalía Federal riogalleguense, solicitando una serie de medidas para evitarlo, entre ellas indagatorias a doce imputados.

(Nota relacionada: Las Casitas: la causa más grande de trata a un paso de quedar impune)

Ana Chávez es experta en el tema. Integra la Plataforma Interamericana de Democracia Derechos Humanos y Desarrollo, también participa del Observatorio Latinoamericano contra la trata y tráfico de personas en el área de acceso a la justicia. Desde esos espacios siguió de cerca la problemática de las Casitas y hasta denunció a los jueces.

Opinó que el cierre de las Casitas “fue un antes y un después, en donde la comunidad se hizo cargo y dejó de incorporarlas como un lugar de la cultura local, para ponerlo en un lugar de vejación”. Así “ese paso tan cruel que tuvo que dar la comunidad de Santa Cruz, hay que empezarlo a pensar como un sitio de explotación y de tortura que es impunizado por la justicia”. Si eso pasa, es decir, si la causa se cae, significa que “no tienen ninguna salida ni acceso a la Justicia Federal en la provincia”.

Luego de definir que la Justicia está demostrando ser “injusta, ilegal y corrupta”, Chávez se preguntó “qué expectativa tiene un santacruceño si con esto el mensaje es que hagan justicia por mano propia, porque ellos no lo van a hacer. Es gravísimo, y es grave para el Consejo de la Magistratura tolerar esto”, advirtió.

Para ella, la amenaza de que una causa tan importante quede impune tiene que ver con la falta de perspectiva de género en la Justicia Federal. De hecho, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia fue la que en 2012 levantó la clausura de los antros. Pero incluso, hay fallos previos de una mirada machista atroz.

“Nosotros hicimos una denuncia ante la Corte contra esa Cámara. Ellos dictaron un fallo paradigmático anterior al cierre de las Casitas en donde dijeron, con sus palabras, que había mujeres que nacieron para putas”, contó.

El fallo en cuestión se dictó en una causa donde una menor de edad fue prostituida. Aun cuando había testimonios de docentes que dijeron que la niña lloraba porque no quería eso, y cuando la ley expresamente establecía que no se podía alegar consentimiento en casos con menores de edad, los jueces naturalizaron la explotación. Aquello, está también analizado en un libro que Chávez co-escribió con Sonia Sánchez, una activista y docente popular que fue víctima de trata y que también fue traficada en las Casitas.

“La Corte, en paralelo, decía que había atravesado todas las cámaras con la capacitación a los jueces, que había cumplido esa etapa. Cuando les contamos lo que escribió esta gente nos invitaron a hacer la denuncia ante el Consejo de la Magistratura” sostuvo la abogada.

Lo que sucede actualmente y genera impunidad en estos casos es que “falla gente que desconoce la ley. Si todo el mundo sabe que en las Casitas se cometieron actos ilegales, y esta gente no va presa, hay que preguntarse qué pasa con la Justicia Federal en Santa Cruz”.

Chávez reivindicó a la ex jueza Alvarez: “Decía que no hay manera de luchar contra la explotación si no existe la voluntad política de terminar con los prostíbulos y cientos de veces la disciplinó la Cámara”.

Pero sucede que no sólo el problema es hoy que una causa en la que testimonió más de un centenar de víctimas pueda ser archivada, sino los fallos que con antelación dieron impunidad a las redes de trata.

“Santa Cruz tiene una primera causa que disciplinó a todo el Poder Judicial y está involucrado un comisario que permaneció en función aun estando las escuchas” dijo, respecto de un expediente anterior al cierre de los lupanares.

En este punto, la portavoz de la PIDH, sugirió a la comunidad santacruceña “que junten firmas para la destitución de estos jueces. No pueden tener esos jueces”. Y también “cuidar muy bien la elección de los próximos jueces, que sea público, que pueda participar la sociedad, que les pregunten qué harían en una causa de trata, de los DDHH, qué entienden por género”.

Sin embargo hoy, en esta circunstancia, para la abogada que vino varias veces a Santa Cruz dice que “los jueces no pueden ir contra la Ley porque es alzarse contra el Estado, éstas usando la Justicia como un arma para generar impunidad. La destitución, no hay otra”.



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1 comentarios Recientes y 0 respuestas

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01
17/07/2017 11:34
Consulta
Contra que jueces señora? Eso está en primera instancia, los jueces son de comodoro