Piden la inconstitucionalidad de la ley de ART

La acción iniciada contra los artículos 1,2,3,10,14, 15, 16 de la Ley 27.348 y dirigida contra el Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional (PEN)", destinada "a los efectos de hacer cesar el perjuicio actual y manifiestamente arbitrario que dicha norma ocasiona a los legítimos intereses de los matriculados que esta institución tiene la obligación de representar", lleva la firma de Jorge Rizzo, presidente del CPACF y de los abogados Juan Pablo Echeverría, Ignacio Andrés Castillo y Fernando Mauriz. 

Rizzo sostiene que el amparo "involucra derechos y garantías constitucionales en tanto se procura la tutela jurisdiccional frente a la conducta del Estado Nacional que, a través del dictado de la Ley N° 27.348, cercena el derecho de propiedad, el de acceso a la justicia, el de debido proceso, e! de juez natural y e! de seguridad social de los trabajadores afectados por una enfermedad o un accidente laboral, así como el derecho de propiedad y e! de trabajar de los profesionales abogados como el suscripto".

Y agrega que la presentación también, pretende "salvaguardar la integridad y aptitud de los honorarios profesionales de los abogados, considerando la naturaleza alimentaria de los mismos, con el fin de asegurarles el libre ejercicio de la profesión y velar por su dignidad, finalidades éstas -entre otras- que constituyen razón de ser y creación de este Colegio Público de Abogados (conf. Ley 23.187)".

Asimismo, apunta contra las Comisiones Médicas Obligatorias y remarca que "al imponer una instancia administrativa previa ´obligatoria y excluyente de toda otra intervención´, conforme reza el arto 1 de la atacada ley, se está violando el derecho a acudir a juzgadores idóneos y calificados, así como naturales, para la dilucidación del conflicto del que se es parte"

Y subraya que "obligar al trabajador víctima de un infortunio laboral y a su abogado patrocinante a someterse al arbitrio de una junta médica para resolver un conflicto legal, importa una clara e indiscutible denegación de justicia".

En ese sentido, señala que es función del Poder Judicial "controlar que la actuación de los poderes del Estado permanezca dentro de los lineamientos fijados por la Constitución Nacional, examinando la constitucionalidad de la Ley 27.348, bajo lo normado por el artículo 31 de la CN". Concluye solicitando la suspensión de la fuerza ejecutoria de la Ley 27.348 en sus artículos 1, 2, 3, la (inciso 3° del nuevo arto 7 de la Ley 24.557), 15 Y 16, "fundado en el peligro que implica que durante el transcurso del tiempo que demande la resolución definitiva del presente Amparo, los legítimos derechos reclamados, tanto a título personal como en representación de los abogados de la matrícula federal con domicilio en la Capital Federal, resulten burlados por la aplicación de la norma que por esta acción se Impugna".

El abogado laboralista Horacio Schick afirmó que los abogados van a plantear ante la Justicia en cada caso concreto "la inconstitucionalidad de la ley 27.348.

"Vamos a plantear la inconstitucionalidad de la ley por su manifiesta irrazonabilidad y apartamiento de la jurisprudencia de la Corte, al imponer la obligatoriedad de transitar una vía administrativa previa ante un órgano no idóneo dirigido por médicos, discriminándoselo respecto a los demás dañados del ordenamiento que pueden acceder directamente ante la justicia, privándoselos además de elegir la justicia del deudor ART o empleador, como se admite también a los demás habitantes en los códigos procesales civiles y comerciales", detalló.

Y concluyó: "En especial, se priva de accionar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Justicia Nacional del Trabajo donde se domicilian la mayoría de las ART, violando el principio de igualdad ante la ley (artículo 16 Constitución Nacional)".

Poco después que la Justicia laboral declaró la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, el Gobierno nacional promulgó la ley aprobada por el Congreso, que establece que todos los trabajadores que sufran accidentes laborales deberán presentarse ante Comisiones Médicas Jurisdiccionales antes de presentar denuncias judiciales contra sus empresas.

"En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCION NACIONAL, promúlgase la Ley N° 27.348, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en su sesión del día 15 de febrero de 2017. Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al Honorable Congreso de la Nación y comuníquese al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Cumplido, archívese", sostiene el escueto Decreto 132/17, firmado por Gabriela Michetti, Marcos Peña y el ministro Jorge Triaca. Mauricio Macri eludió la responsabilidad por encontrarse de viaje por Europa.

La decisión de la Casa Rosada se dio luego que el juez subrogante del Juzgado Nacional del Trabajo N° 41, Alejandro Aníbal Segura, dictó la inconstitucionalidad del DNU N° 57/17 que sí firmó el Presidente. Ese decreto exige, con carácter obligatorio y excluyente, que los trabajadores que sufran un accidente deben ser revisados por una Junta médica antes de promover una demanda judicial. 

Según el fallo al que accedió de modo anticipado ámbito.com, el magistrado alegó que resulta contrario a la Constitución y los Tratados Internacionales de igual jerarquía. Asimismo, el juez Segura fundó que esa limitación impide una "acción judicial expedita" para los trabajadores, lo que justifica su "inconstitucionalidad". El fallo de Segura si bien sienta jurisprudencia no es una demanda colectiva, sino que se trata de una demanda individual de una trabajadora contra una aseguradora. 

El magistrado adelantó, además, que su criterio "no se modificará un ni un ápice" cuando se publique la ley dado que mantiene la misma exigencia que el DNU.

(Ambito)