Ingresos irregulares al CPE: Borselli pidió “un fallo contra los responsables”

En septiembre del año pasado, el CPE emitió una sanción ejemplificadora al Instituto de Enseñanza Patagónica (ICEP) que administra el culto de “Los Hijos del Altísimo”, luego de que aumentaran en más del 100% el valor de su cuota. La medida sirvió de precedente y fue remitida a todos los establecimientos privados de la provincia.

Mediante el Expediente Nº 661035-CPE-15, la cartera educativa puso fin a los aumentos lanzados en junio por el culto evangélico que había decidido subir a más del doble su cuota -sin previo aviso-  argumentando que debían hacer reparaciones edilicias, tras la sentada de alumnos que protestaron por el estado en que estaba el colegio.

Un dato no menor es que el Gobierno, a través del CPE financia al ICEP con un subsidio cercano a los dos millones de pesos por mes, situación que durante la gestión de Silvia Sánchez, trascendió que podría revertirse.

Ayer la emisora consultó sobre esto a Boscelli en el marco de una extensa entrevista, ocasión en la que el funcionario indicó que “no voy a dar una respuesta concreta sobre ese tema, no porque la desconozca, sino porque hay una serie de actuaciones que están generadas en el marco de un expediente que obra en el organismo”

Borselli hizo público que justamente ayer mantuvo una reunión con la directora Provincial de Asuntos Jurídicos para “intervenir a través de un nuestro instrumento legal, en varios aspectos sobre el tema de esta institución”

Además reconoció que “hay una denuncia en el Ministerio de la Producción por la ley de Defensa del Consumidor” en relación a las denuncias por los aumentos excesivos, a lo que se suman presentaciones ante el INADI por presunta discriminación contra algunos menores.

“Es un tema complejo y que está en la esfera jurídica y vamos a actuar en el marco de los procedimientos administrativos porque tenemos la obligación de hacer cumplir las normas que están establecidas” refirió el titular de la cartera educativa provincial.

Por otro lado, Borselli fue consultado acerca de qué posición iba a adoptar esta gestión frete a las causas penales obrantes en el juzgado de la Dra. Marcela Quintana, vinculadas a los presuntos pagos de coimas para ingresar al CPE pero además, por las aparentes estafas en el Plan de terminalidad educativa FINES.

“Estoy esperando el fin de la feria judicial para entrevistarme con la Jueza a los efectos de, rápidamente, solicitarle el pronto despacho para cerrar dos causas que están en la esfera penal” dijo el funcionario, al hablar de la “presunción de ventas de títulos de plan FINES, y por otro lado, la presunción de los ingresos irregulares mediante cobros que se habrían realizado en el ámbito de este organismo”

En este punto marcó que seguirán de cerca el tema y pidió “una respuesta lo más rápida posible” ya que “tiene que ver con la legitimidad del funcionamiento del organismo que da un servicio esencial para Santa Cruz” apuntó.

Por lo tanto “si se cometieron este tipo de irregularidades debe caer todo el peso de la ley para que los responsables tengan los fallos que correspondieren”. Porque “nosotros consideramos que si nuestro horizonte es una mayor justicia educativa, todos los actos administrativos que genere el organismo tienen que enmarcarse en la ley, somos los primeros que debemos estar bajo los principios jurídicos” advirtió.

En el caso denunciado como estafa en el marco del Plan FINES, Borselli indicó que ese es un tema que “se debe cerrar con los fallos que correspondiere, porque la instrucción de la Gobernadora es trabajar con las organizaciones y darle oportunidad a todos los empleados públicos, para que puedan culminar sus estudios primarios y secundarios”

Vale recordar que la justicia posee un listado en el que figuran 21 personas que dicen haber pagado a una puntera política del PJ y está firmado por altísima ex funcionaria. Todos habrían sido bancarizados tras el pago de diferentes sumas que llegaban hasta los 15 mil pesos e algunos casos, a cambio de ingresar a trabajar a la administración pública, mediante el CPE.

El expediente judicial se inició a mediados del año pasado en los estrados de Quintana, luego de que una de las personas que pagó, denunció no haber ingresado y tras eso la entonces titular del organismo, Silvia Sánchez, se habría constituido como querellante.

Más tarde, el juzgado ordenaría una serie de allanamientos en las viviendas particulares de punteros de la ex ministro de Desarrollo, que habrían arrojado resultado positivo en función de la incautación de planillas y algunos recibos, además de tarjetas de débito.

Discusión salarial-

Finalmente, Borselli también se refirió a la inminente discusión salarial docente, que llegara luego de que cierre la paritaria nacional con el sector.

“En el mecanismo de la negociación salarial siempre hay una instancia nacional en función del piso de salario de la jornada simple para el maestro, y desde ahí las provincias trabajan y negocian en forma colectiva” introdujo el funcionario, prefiriendo “no aventurarme” porque “creo que este ordenamiento que está generando la Gobernadora y la situación en la que nos encontramos, sentará a las dos partes a dialogar” aunque esto se dará “en este marco por el que atravesamos y haciendo primar la racionalidad” entendiendo que también “hay un derecho del trabajar a percibir un salario acorde a la función esencial que tiene”