Intendentes ya hacen público que Alicia les reclamará los aportes a las cajas

TiempoSur pudo corroborar que el tema forma parte ineludible de la agenda que la mandataria Alicia Kirchner plantea con los intendentes, a los que va recibiendo en su despacho desde el 11 de diciembre.
Incluso, en víspera de Nochebuena, el intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, hizo público el reclamo de la Gobernadora, luego de que este viajara a Rio Gallegos bajo la premisa de gestionar asistencia financiera para afrontar la pesada herencia que le dejó José Córdoba.
“Son 1.300 millones de pesos que se les deben a las cajas de Previsión Social y de Servicios Sociales”, sostuvo Prades en conferencia de prensa, asegurando que Alicia Kirchner le pidió “que los municipios paguen los aportes patronales”, a partir de ahora, y en cuanto a lo que se debe de años anteriores “se hará un plan de pago”.
De 2012 hasta el fin del Gobierno de Daniel Peralta, las malas relaciones con algunos intendentes generaron diatribas en torno a este tema que se debatió al menos mediáticamente.
El año pasado incluso, la provincia acusó a los mandatarios comunales, a todos sin excepción, de no haber hecho frente jamás al pago de los aportes patronales para la Caja de Previsión, lo que los dejaría ante un supuesto de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” toda vez que las retenciones a los empleados comunales sí se ejecutan.
Los intendentes se defendieron al unísono con la existencia del acuerdo para crear un fondo de intransferibilidad de la Caja de Previsión a la cual cada comuna aporta el 20% de su coparticipación, cuyas sumas debían ser transferidas al sistema previsional por la provincia.
“Yo puedo decir adónde van los fondos municipales pero los de la provincia no lo conozco” aclaró el intendente de Gobernador Gregores Juan Vásquez a TiempoSur en su momento, indicando que, sin perjuicio de ello reconoció que “se debe, es cierto porque esto fue hace creo que cinco años atrás y no nos olvidemos que existía una deuda desde antes”, aunque “no cumplir con los deberes de funcionario público no es la realidad, habría que preguntarle a Peralta”.  “Nosotros tenemos para cobrar convenios que no se abonaron nunca, lo que nos corresponde por la ley Arabel” por cuanto, en tal caso “la provincia tiene deuda con la Municipalidad” apuntó, indicando que presume que  -por mes-  la provincia le descuenta alrededor de 400 mil pesos para financiar la Caja de Previsión.
Lo mismo había dicho ates el entonces intendente de Comandante Luis Piedra Buena, José Bodlovic, en Tiempo FM, sobre que a él también se le descuenta un 20% del monto de la coparticipación. "Todos los meses desde el año 1991 venimos aportando", dijo.
En efecto, estaba claro que por acuerdos tácitos los intendentes y el entonces Gobernador entraron en una discusión en donde pese a las deudas con las Cajas, parecían quedar a mano.
Pero, sucede que el 20% al que hacen referencia los mandatarios, corresponde a la Ley N° 2401 que el Poder Legislativo de Santa Cruz sancionó el 7 de septiembre del año 1995, bajo la gobernación de Néstor Kirchner.
En su artículo primero la norma agrega al inciso b de la Ley 1494, que “en forma previa al cálculo del porcentaje establecido (por coparticipación), se procederá a deducir un veinte por ciento (20%) del total, que se destinará para la creación de un Fondo Especial para Financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de la provincia, que se depositará en una cuenta que la Secretaría de Hacienda determinará.”
Empero, la discusión viene a cuento de que ese fondo de instranferibilidad, al que los municipios sí aportan de manera compulsiva, no los eximiría de los aportes patronales que deben ser transferidos a la Caja de Previsión.
El tema no es claro y amerita una discusión política y sincera al respecto, toda vez que ya en el año 1995 el Gobierno entendía y proyectaba la “inviabilidad” de la Caja de Previsión en la órbita provincial. Alicia Kirchner ya planteó el debate, aunque por el momento es cara a cara con los mandatarios de las localidades.
Hay que recordar que el Poder Ejecutivo está habilitado para retener los aportes a los municipios. Esto es por imperio del Artículo 22 de la Ley 1782 que, a lo largo de los años, sufrió varias modificatorias, pero sigue facultando a que se garantice la transferencia de los aportes patronales por parte de los municipios y comisiones de fomento.
De hecho, la ley dice que la Tesorería General, a cargo de Elena Ramps, a requerimiento de la Caja de Previsión Social y “bajo apercibimiento de adquirir responsabilidad personal por la falta del pago, puede retener, de las liquidaciones que deba efectuar a las reparticiones y entes patronales, en concepto de coparticipación de impuestos, recursos propios o cualquier otro rubro, los importes que los mismos adeuden como aportes y retenciones”.
Frente a esto; la sola comunicación oficial de la Caja “servirá de recaudo suficiente” para los jefes comunales, quienes, desde el momento en que reciben la notificación sufrirán los descuentos de que “quedarán afectadas para el cumplimiento de la deuda”.
Vale aclarar finalmente que hoy la Caja de Previsión tiene dos grandes agujeros. El primero es el déficit que representa lo que le falta mes a mes para pagar las jubilaciones y cuya diferencia cubre el Gobierno provincial. A estas alturas del descomunal desfasaje, aun si todos pagaran aportes también habría déficit.
En cuanto a la Caja de Servicios Sociales, esta padeció, según juzgó la propia gobernadora en su última visita a TiempoFM, de falta de administración. De hecho hay que recordar que en 2012, Liliana Korenfield renunció como interventora con una dura carta en la que desnudaba flagrante corrupción en el organismo con la utilización de los fondos de terceros, un gasto de nueve millones en dos días, otros tantos de miles en asados y cifras siderales en publicidad a medios desconocidos, falta de rendiciones de cuenta, firmas de convenios que comprometían el dinero de los afiliados y demás. 
Actualmente, la CSS ha sufrido permanentes caídas de convenios con servicios de profesionales por falta de pago y desde los distintos gremios que responden a los más de 30 mil empleados de la administración central y los miles de las comunas que aportan mes a mes, no sólo reclaman una mejor atención de la obra social de estatales, sino que también el cese de la intervención del organismo.