Un paso más hacia la Memoria, la Verdad y la Justicia

En el marco de las acciones que se encuentra llevando a cabo el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz en materia de derechos humanos, se firmó un convenio de colaboración en conjunto con el Honorable Tribunal Disciplinario y el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Derechos Humanos, el cual tiene como objetivo principal relevar a todas aquellas personas que brindaron servicios en la Administración Pública Provincial y que fueron cesanteados tras ser víctimas de desapariciones forzadas, persecuciones y expulsiones durante el terrorismo de Estado ocurrido entre los años 1976 y 1983, al igual que  brindar una herramienta reparatoria integral ante el daño causado por el Gobierno de Facto que gobernó durante esos años.

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Al respecto Nadia Astrada, secretaria de Estado de Derechos Humanos, dialogó con TiempoSur acerca de la firma del convenio y de las acciones que se vienen llevando a cabo para honrar la Memoria, promulgar la Verdad y proclamar Justicia por los desaparecidos durante la dictadura militar: “Se firmó un convenio con el Tribunal Superior de Disciplina, en el cual se genera en ese Tribunal un registro para poder acceder a quiénes fueron las personas víctimas de la dictadura cívico-militar en Santa Cruz que estaban trabajando en la Administración Pública y que, dado el contexto histórico y político en el que nos encontrábamos, fueron dejados como cesantes y, al regreso y al poder recuperar la democracia, aún figuran como cesantes. Lo que busca el convenio es avanzar en la parte de la reparatoria integral que tiene como política de Estado el Gobierno de la provincia y, en este caso, sería la parte administrativa y, por otro lado, lo que venimos avanzando por decisión de la gobernadora Alicia Kirchner en la querella judicial pensada que implica todo este marco de reparación integral en la provincia de Santa Cruz”, explicó Astrada.

Santa Cruz y la dictadura

Entre los años 1976 y 1983, el país sufrió un gran golpe de Estado de la mano de Jorge Rafael Videla, el cual no sólo tuvo repercusiones en varios ámbitos, tanto financieros como sociales, sino que también se llevó consigo la vida de 30.000 desaparecidos. Según los registros que no fueron destruidos y que aún buscan recuperarse por completo, la provincia de Santa Cruz tiene registrada una persona que brindaba servicios en la Administración Pública y que fue cesanteada como consecuencia de las persecuciones ocurridas durante la dictadura: “Sabemos que hay más, no tenemos la documentación que acredite a alguno más de la lista de desaparecidos que tenemos actualmente, estamos en la búsqueda de esa información. Pongamos en contexto que mucha de esa documentación fue destruida no sólo en Santa Cruz, sino en el país en general. Sabemos que hay mucha gente que se opone al avance de la Memoria, la Verdad y la Justicia en todo el territorio nacional y también en toda Latinoamérica, pero sí tenemos uno ya cotejado y estamos a la espera de poder cotejar dos casos más”, señaló Astrada.

“Es emocionante y movilizante. Pensemos que en el trabajo diario que tenemos no sólo en el trabajo de la Administración Pública sino que en quienes vivimos en la provincia de Santa Cruz muchas veces no pensamos que podemos estar charlando con una persona que fue víctima de la dictadura cívico-militar y pudo haber estado detenida o que pudo ser hija, sobrina, nieta o nieto de alguien que estuvo detenido o desaparecido. Esa reconstrucción de la memoria colectiva no es sólo de las víctimas, sino de toda la sociedad santacruceña que en todos esos años padeció la dictadura”, finalizó Astrada.