Ratificaron a Turchetti como querellante

A finales de abril, la Cámara Nacional de Casación en lo criminal puso en discusión el apartamiento o no de la decisión de remover de la querella a Marcelo Turchetti, en el marco de una causa por malversación de fondos. En el avance judicial buscan conocer el destino de fondos que irían desde los 500 a los 700 millones de pesos. Una de las partes había solicitado que el dirigente de la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles sea apartado de la querella, pero finalmente la Justicia hizo lugar a Turchetti y lo ratificó en el lugar. Contra esa decisión, Marcelo Nevil Turchetti en su carácter de pretenso querellante y con el patrocinio letrado de Eric Natansohm y Martín Magram interpuso recurso de casación, oportunamente concedido.

La defensa consideró que el recurso de casación debía ser desestimado porque Turchetti “no reunía las condiciones legales exigidas para ser querellante en este proceso y presentó una serie de argumentos para respaldar la decisión.

En este sentido, planteó que era  legalmente imposible que el nombrado sea un afiliado de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles de conformidad con lo prescripto por la Ley de Asociaciones Profesionales”.

La causa

Las actuaciones principales se iniciaron con motivo de la denuncia por la presunta comisión del delito de administración

fraudulenta formulada por Marcelo Nevil Turchetti contra:  Alberto Roberti, David Castro y Gabriel Matarazzo, miembros de la comisión directiva de la Federación  Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles que en paralelo ocupaban cargos en el directorio de la Obra Social del Petróleo y Gas Privado.

Denuncias

La defensa de Roberti argumentó que los hechos denunciados (las presuntas irregularidades en la administración y el manejo del dinero por parte de los miembros de la federación con

respecto a diversos contratos celebrados con distintos prestadores de servicios) habrían tenido lugar entre 2014 y 2015 en el seno de la comisión directiva de la entidad, conformada por las autoridades elegidas y designadas para el período 2012/2016. El propio denunciante ocupaba   el cargo de prosecretario de la obra   social. Advirtió que, sin embargo, la denuncia indicaba que los presuntos ilícitos habrían sido cometidos “por la comisión directiva”, señalando sólo al secretario general, al secretario de hacienda y al secretario de obra social y previsión social.

Ratificado

Se argumentó durante el juicio que el   fraude no constaba en la contabilidad formal ni en las actas, sino que surgía de lo que se ocultaba y omitía en ellas. Aclaró que en las reuniones mensuales no se realizaba una rendición de cuentas del manejo de los fondos, sino que únicamente aparecían reseñas de la contabilidad formal, y que hasta transcurrido un importante lapso no tuvo motivos para sospechar de la actuación de estas personas que, además, gozaban de su confianza. Tampoco tenía conocimientos especiales, herramientas o información necesaria en cada encuentro como para oponerse a lo resuelto por las personas denunciadas.  

La asociación sindical que fue constituida para la defensa de un interés social determinado (el resguardo de los derechos   de los trabajadores a quienes es su función y deber representar) y que constituye ­como destaca el a quo­ una “filial adherida a la federación”, se encuentra facultada para constituirse en parte querellante. En consecuencia, se debe reconocer a Turchetti ­en su carácter   de secretario general del sindicato­ la   facultad para continuar interviniendo como querellante, toda vez que el nombrado fue especialmente habilitado para representar a dicha entidad.