Presentaron proyecto restringir tenencia de arma a policías denunciados por violencia de género

El pasado jueves en la Cámara de Diputados tomó estado parlamentario un proyecto de ley presentado por el Partido Justicialista, que busca limitar y restringir el uso de armas a policías que hayan sido denunciados por violencia de género o intrafamiliar. La iniciativa lleva la firma de los legisladores Juan Miñones, Laura Hindie y Fabio Oyarzun. El objetivo es prohibir el uso de armas de fuego, a los efectivos integrantes de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en los casos en que hayan sido denunciados por Violencia de Género y/o violencia familiar, con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y mental de las personas denunciantes y su entorno familia.

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“En ese sentido y en lo particular, la iniciativa que se promueve tiene como objeto establecer las medidas preventivas de seguridad específicas y necesarias, urgentes e inmediatas en pos de resguardar la integridad psicofísica de la persona denunciante y su entorno familiar, toda vez que en los casos de violencia de género y/o violencia familiar, el arma reglamentaria de los efectivos representa la materialización de un elemento de amenaza, ya que el arma de fuego puede ser utilizado para amedrentar, hostigar, herir o asesinar a una persona”, remarcan los legisladores.

Por lo que se promueve que en estos casos se proceda suspender preventiva e inmediatamente la condición legítima obligatoria de uso y/o portación de armas reglamentarias y municiones particulares provistas oportunamente por las autoridades competentes y los mecanismos establecidos de acuerdo a la Ley N° 3.523 de “Seguridad Pública” y su correspondiente legislación reglamentaria.

Por otro lado, en el articulado además se faculta a disponer accesoriamente, cuando sea considerado conveniente por intervención de la Secretaría de Estado de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, dependiente del Ministerio de la Igualdad e Integración -con espíritu de articular las acciones y lineamientos de las áreas gubernamentales- en virtud de las circunstancias y la gravedad del caso denunciado; el pase, traslado o cambio de destino del efectivo denunciado sin afectación en esta instancia de la situación de revista del personal en actividad. Además, se estipula que el vigor de las medidas establecidas, se extinguirán únicamente por resolución del juez interviniente en la causa por la denuncia de violencia de género y/o intrafamiliar, cuando éste observe que ha cesado la necesidad de resguardar la integridad física, psicológica y mental de las personas denunciantes y su entorno familiar.