Moira Lanesan Sancho pidió informes por cierre récord de pymes e informalidad

La diputada nacional por Santa Cruz Moira Lanesan Sancho presentó, junto a Victoria Tolosa Paz, Juan Pablo Luque, Paulo Agustín Tita, Roxana Monzón, Ernesto "Pipi" Ali, Marina Salzmann, Guillermo Snopek y Emir Félix, un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe sobre el impacto de la informalidad laboral y el cierre masivo de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país.

Según datos del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), la informalidad laboral alcanza al 43,3% de los trabajadores ocupados en los aglomerados urbanos, y el 46,9% de los asalariados informales trabaja en empresas registradas que evaden sus obligaciones laborales, lo que el proyecto define como "informalidad de evasión".

El texto también advierte que, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, cerraron 26.448 empresas empleadoras —el 98% pymes— y que las proyecciones para lo que resta de 2026 anticipan la desaparición de hasta 40.000 unidades productivas adicionales y la pérdida de 600.000 empleos.

"No se puede promover la registración quitando derechos a los trabajadores. Necesitamos una fiscalización inteligente que persiga a los evasores, no una motosierra que ahoga a los que menos tienen", sostuvo Lanesan Sancho.

El proyecto pone especial foco en Santa Cruz, que registró la peor caída de empleo privado del país (-16%), con cerca de 10.000 puestos perdidos en dos años, producto de la paralización de la obra pública —incluidas las represas del río Santa Cruz—, el retiro de YPF de áreas convencionales y la caída del consumo. "En Río Gallegos se cierra un comercio por día. No podemos conmemorar el Día de la Pyme con discursos mientras el Estado embarga cuentas y asfixia a quien menos puede pagar", agregó la legisladora.

Entre los puntos que se solicita informar se destacan: las medidas de fiscalización cruzada entre ARCA, ANSES y la Secretaría de Trabajo; el impacto de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802; la falta de segmentación por tamaño de empresa en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL); la cantidad de embargos y ejecuciones fiscales contra MiPyMEs; el aumento de las multas de ARCA (hasta $440.000); y la posible reactivación de líneas de microcrédito.